Decirle NO a una Asamblea Constituyente no es un capricho. Es una decisión que obedece a razones jurídicas y políticas para avanzar en el fin del conflicto, sin poner en riesgo las garantías constitucionales que logramos desde 1991. Sabemos que desde el tercer ciclo de los diálogos de paz, las FARC insisten en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, curiosamente al unísono con Álvaro Uribe Vélez.
En realidad, se trata de una iniciativa inconveniente. En primer lugar porque jurídicamente, la actual Constitución contempla mecanismos de reforma o de refrendación popular que de manera ágil, democrática y participativa puede darle estatus constitucional a los acuerdos del proceso de paz, sin dilatar la implementación de los mismos. En segundo lugar, porque políticamente los colombianos logramos desde 1991, una Constitución que le apuesta a una sociedad igualitaria y que promueve ampliamente espacios de deliberación y movilización democrática. Abrirle la puerta a una Asamblea Constituyente, pondría en riesgo los avances en sus más de 20 años de vigencia.
Recordemos que la Constitución de 1991 desde sus inicios, se fundó en la democracia participativa como eje central de la nueva organización del Estado y le otorgó a la participación ciudadana el carácter de derecho fundamental. Contempla mecanismos para adelantar reformas que el país necesita, a través de la iniciativa del Congreso o directamente del pueblo mediante referendo. Contamos entonces hoy día, con herramientas ágiles para lograr la legitimación que demanda el grupo guerrillero.
Por otro lado, los colombianos tenemos una Constitución que por primera vez, le dio vida jurídica a derechos fundamentales y a sus mecanismos de protección; para las mujeres, las comunidades indígenas, los grupos afrodescendientes, las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y la población LGBTI. No podemos soslayar esos avances por querer incluir algunos cambios en ella para luego, terminar recortando libertades obtenidas.
Por todas estas razones, es una trampa la propuesta de las FARC y del Senador Uribe Vélez. Una vez elegida, esta constituyente se daría su propio mandato sin límites para cambiar el orden constitucional. Si lo que se quiere es darle seguridad jurídica a los acuerdos, el plebiscito aprobado por el Congreso reconocerá, no solamente la manifestación de los colombianos, sino que nos permitirá a todos ser parte del proceso pedagógico sobre el contenido del acuerdo, para asegurar que esa manifestación esté fundada en la información y no solo en la pasión.
Por: Juan Manuel Galán Pachón
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