Colombia necesita enfrentar el narcotráfico como país productor de drogas y también como consumidor. Estos dos componentes nos obligan a hacernos nuevas preguntas y a desarrollar una política integral, sistemática, evaluable, flexible, descentralizada, que consulte las expectativas y necesidades de los usuarios de drogas y sobre todo que ofrezca respuestas diferenciadas para cada uno de los actores, de este problema.
Mucho se ha hecho en Colombia para acabar con la producción de sustancias ilícitas: desde la incautación de grandes toneladas de droga hasta la identificación y bloqueo de rutas y corredores de tráfico y la erradicación de grandes extensiones de tierra con cultivos ilegales. Sin embargo, a la fecha el narcotráfico sigue siendo un negocio lucrativo que ha logrado adaptarse no solo a las estrategias para contrarrestarlo, sino que ha diversificado y ampliado su mercado entre usuarios cada vez más jóvenes en nuestro país.
Así, vemos que la estrategia de criminalización y fuerza, no solo ha tenido bajos resultados sino que le ha dejado poco espacio a estrategias para atender la creciente demanda del mercado de las drogas, y los factores de riesgo que permiten que el negocio se mantenga. El narcotráfico más allá de ser un simple problema de rutas y cultivos, es un fenómeno que ronda nuestros colegios, recluta nuestros jóvenes y estigmatiza a quienes padecen un consumo problemático.
Por eso, debemos hacernos nuevas preguntas: ¿Cómo garantizar la eficacia de los programas de prevención del consumo? ¿Cuál es la edad de ese primer consumo? ¿Vamos a prevenir consumo en medio escolar? ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Cómo vamos a incluir a los padres de familia? ¿Vamos a hacer prevención en medio comunitario?
Las respuestas a estas inquietudes nos permitirán cambiar la forma como medimos el éxito de la política contra las drogas, e incluir una nueva métrica como por ejemplo, el número de territorios recuperados del espiral de violencia o de jóvenes beneficiados con oportunidades de estudio y trabajo en áreas controladas por bandas y pandillas, etc..
Es urgente un enfoque que vaya más allá de la fuerza y que consolide una política integral, resistente a la corrupción, que persiga a las organizaciones de narcotraficantes pero que al mismo tiempo, se ocupe de los eslabones más débiles con medidas de prevención, salud pública y derechos humanos. Este problema tiene una nueva dimensión. Nuestro peor escenario sería seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes para solucionarlo.