El Gobierno Nacional, a pesar de las críticas de algunos sectores, ha decidido vender la participación del Estado Colombiano en ISAGEN. Para quienes no lo sepan, los Colombianos tenemos una participación del 57.6% en ISAGEN.
Además, ISAGEN participa en aproximadamente el 16% de la generación de energía en el país, con hidroeléctricas tan importantes como Miel I, San Carlos y Sogamoso y termoeléctricas como Termocentro. ISAGEN ha sido pionera en la realización de inversiones del Estado colombiano para la generación de energía eléctrica, que seguramente en manos de particulares no se hubieren realizado.
Por ello se considera como un bastión de política pública en materia energética. Las críticas son de todos los matices. Algunos opinan que no es el momento de venderla, dada cuenta a los precios actuales de dichos activos en dólares. Otros indican que como parte de los activos estratégicos, si se vende, el Estado carecería de una herramienta importante para la ejecución de políticas públicas en el sector energético.
También dicen que los recursos serán despilfarrados y usados en lo que mejor sabe hacer este Gobierno, es decir en repartos de mermelada a diestra y siniestra, por lo cual el activo se perdería. El Gobierno ha dicho que simplemente se trata de cambiar un activo por otro, pero los críticos ripostan indicando que es difícil medir la rentabilidad de la infraestructura.
Ha indicado el Gobierno que los recursos se invertirán en un 50% para fortalecer la Financiera de Desarrollo Nacional ("FDN") y el otro 50% restante en fondos de capital privado donde la Nación será socia. Se busca mediante la FDN y los fondos apoyar la financiación y la inversión directa en el sector de la infraestructura, en especial la red vial de Cuarta Generación ("4G").
No parece del todo mala la idea del Gobierno. No obstante, a mi juicio, surgen varias inquietudes. En primer lugar, el papel del Estado en la economía no es remplazar y/o suplir a los particulares. Las inversiones en Isagen o en un banco o en fondos que financien e inviertan en el sector de la infraestructura no se deben hacer necesariamente con participación de capital o créditos por parte del Gobierno. El peso de estas inversiones debe llevarlo el sector privado y para ello el Gobierno debe procurar brindar las condiciones de estabilidad y rentabilidad adecuadas para que sean los particulares los que corran con el riesgo de la inversión, lo cual no ha sido la política pública durante las administraciones Santos. Así, el Estado no puede siempre suplantar la acción de los privados y hacer negocios mediante el uso de empresas estatales o empresas de economía mixta, en especial si los particulares no ven negocio en ello.
En segundo lugar, el Gobierno debe ser muy cuidadoso en el uso de los recursos per se. Se le abona al Gobierno de todas maneras el mecanismo que está utilizando para el uso de los recursos de la venta y es que no se construirá la infraestructura de manera directa, sino que se invertirá en la financiación y en la compra de participación en fondos que inviertan en los proyectos.
No obstante, y dado el antecedente del Gobierno en el uso de los recaudos de impuestos de todos los colombianos y la sed infinita fiscal para componendas y politiquería, conviene ser extremadamente prolijo en el uso de los recursos de la venta y que estos no caigan en infraestructura improductiva, la caja menor o en gastos de funcionamiento. Por ello la pregunta no es sí se debe o no vender Isagen (que ya es un hecho), sino cómo se van a usar los recursos de la venta. Ojala sea verdad que ellos serán utilizados en la modernización de nuestra infraestructura vial. El tiempo lo dirá.