El papel del Estado y las Superintendencias

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El Pájaro de Perogrullo

El Pájaro de Perogrullo

Columna: Opinión

e-mail: jplievano@outlook.com



A propósito de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio ("SIC") a los azucareros, conviene que reflexionemos sobre el papel del Estado en la economía y, en particular, el papel de las Superintendencias como policía administrativa.

 

Conviene mencionar especialmente los roles de la SIC, de la Superintendencia de Sociedades ("SIS") y de la Superintendencia Financiera ("SF"). No cabe la menor duda de que los actuales superintendentes son personas  probas, capacitadas y dignas. Como lo fueron también sus antecesores.

El asunto, sin embargo, debe analizarse desde varios puntos de vista y no sólo por la capacidad de los funcionarios. En primer lugar la concepción legal de las mismas y el desarrollo de sus funciones. Estas Superintendencias, como parte de los mecanismos de intervención del Estado en la economía, tienen funciones y objetivos establecidos en la Constitución y la ley. Pero estas son en la práctica más policivas sancionatorias que preventivas.

El caso reciente más icónico es el de Interbolsa. El Estado, en su parsimonia y debilidad institucional, no actuó hasta que el problema estalló. Por ello se puede concluir que no se han desarrollado verdaderas políticas de fortalecimiento institucional, que señalen derroteros y obligaciones a las entidades y a los funcionarios relacionados con la educación de los administrados, o tengan un carácter realmente preventivo, de manera que se ayude a los empresarios a cumplir de manera adecuada la ley, y si no lo hacen, el Estado pueda intervenir de manera eficaz antes de que  estallen los problemas.

Además, los acompañamientos institucionales son pobres y muchas veces la misma ley, o los funcionarios, pide la realización de actividades o hacen controles que resultan onerosos e ineficaces. Se debe entender por parte de todos, y en especial de los funcionarios, que la función del Estado no se cumple simplemente con la sanción, es decir la aplicación de una multa "ex post facto",  sino con la prevención. En segundo lugar por el matiz o carácter político de ellas.

Las Superintendencias, que son entidades eminentemente técnicas,  a veces se prestan para presionar a los empresarios a apoyar políticas de Gobierno o como mecanismos de retaliación por no hacerlo. Así, los empresarios pueden llegar a sentir la espada de Damocles encima de sus cabezas.  Algunos prefieren ceder.

Otros no.  Lo que está sucediendo con el sector azucarero parece la muestra perfecta de lo segundo.

¿Se cumplió con la ley y la política de Estado con la aplicación de las sanciones? ¿Estas sanciones tienen  sustento factico y jurídico o persiguen otros propósitos en la agenda del Gobierno? Lo dirán  finalmente los jueces. Por ultimo, parecería que el Gobierno le esta dando un  carácter distinto a las Superintendencias. Parecería que las está mirando más como centros de ingresos y no como centros de costo en cumplimiento de su función institucional.

De hecho, en  esta temporada de vacas flacas, es evidente que el Gobierno buscará recursos de donde sea y como sea. Por ello parecería que existe una política de Gobierno encaminada a que las Superintendencias obtengan recursos a través de las sanciones que impone a los administrados.

Esto desvirtuaría el propósito institucional de las mismas. En síntesis, el Estado debe procurar usar las Superintendencias como entidades de educación y prevención, garantizando imparcialidad a la hora de aplicar la ley, y no debe mirarlas como centros de ingresos, sino de costos, en cumplimiento de su función institucional.