Hay noticias que nos devuelven la esperanza y nos llevan a pensar que el Estado colombiano sí está cumpliendo con su obligación de amparar los derechos de sus asociados. Por esto, me alegró mucho leer, que un juez al fallar una acción de tutela, impidió el desalojo coercitivo de diez vendedores ambulantes del Camellón de la Bahía en Santa Marta.
El juez hizo lo correcto porque es que el derecho al trabajo de esos vendedores y el sustento de esas diez familias es mucho más importante que cualquier otro derecho que pudiera haber alegado el Distrito. Culpa es de los gobernantes, que por su inacción dejaron que estas personas adquirieran un derecho.
A muchas personas podrá molestarles el fallo, pero yo lo encuentro ajustado a derecho y a los más estrictos mandatos de equidad social.
El desalojo coercitivo de los que ocupan el espacio público es un ejercicio estéril si no se atienden las razones de fondo; razones conocidas por todos y que no son otras que el desempleo y la falta de oportunidades.
Por otro lado, son claros los argumentos del ejecutivo, que por ser Santa Marta una ciudad turística, la parte visual y cosmética es muy importante. Además, tiene la autoridad el deber de proteger el espacio público. Si la inacción de varios años por parte de las autoridades no permite la recuperación del espacio público a menos que estos vendedores sean reubicados en zonas que no impliquen un detrimento de sus condiciones de trabajo, entonces hay que ser creativos a la hora de las soluciones.
Una solución posible es que los elementos de trabajo de estos diez trabajadores, se hagan visualmente agradables. Por ejemplo, si hay una carreta de madera vieja y fea, que sea remplazada por una moderna y elegante.
Otra posible solución, es entrenar a estas personas y a sus familias en otro tipo de negocio para que creen una microempresa más formal y con mayor valor agregado. Estoy seguro que el Sena podría ayudar en la capacitación.
Una solución un poco más global, ya que incluiría a todos los vendedores ambulantes del Distrito, sería crear una especie de mercado de las pulgas, en donde se concentre a todos los vendedores ambulantes, pero que además sea un atractivo turístico. Por ejemplo, que tenga plaza de música para llevar grupos musicales y distintos eventos como el teatro. Que tenga comodidades tales como plaza de comidas buenas, baños, entre otras. Es decir, un sitio agradable para que samarios y extraños puedan pasar un rato agradable y de paso comprar los productos ofrecidos por las distintas ventillas.
Otra, solución, también de corte global y que es muy parecida a la segunda solución propuesta, es crear un programa especial con el Sena para enseñarle a todos estos vendedores ambulantes otro tipo de oficio para creación de empresas formales, como por ejemplo, talleres de modistería e incluso fábricas, marroquinería, mecánica y muchas otras posibilidades, que incluso puedan convertirse en oferta exportable.
Sería conveniente dejar de lado la pereza mental y el facilismo con que hasta ahora se ha manejado este tipo de temas, y optar por medidas de fondo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de un sector vulnerable como lo es el de los vendedores ambulantes.
Los actos policivos de recuperación del espacio público, aunque puedan ser políticamente rentables y generen muchos aplausos -por fin alguien manda aquí- en ciertos sectores de la población, la verdad es que nada resuelven, e incluso podrían tener consecuencias negativas, como lo sería el que ciertos vendedores ambulantes creyeran que el crimen es una mejor opción que el emprendimiento informal.
Dicho de otra forma, hay situaciones, y creo que esta es una de ellas, en que la aplicación ciega de la ley dista de ser la mejor opción. Entonces es cuando se deben considerar otras opciones e instrumentos que por sí solos, o junto con la ley, permitan la consecución de los fines perseguidos.
Este es un problema de nunca acabar y desde que tengo memoria, ningún alcalde ha intentado una receta distinta a la del uso de la fuerza. Hagamos algo distinto para que podamos obtener resultados distintos. Estoy seguro de que hay empresas privadas y las ONG, que podrían contribuir de manera importante a la implementación de soluciones como las aquí brevemente esbozadas. Las ventas callejeras son simplemente un síntoma y una válvula de escape al problema social del desempleo.
Los retos como los planteados por el problema aquí presentado, en realidad son grandes oportunidades para hacer cambios positivos que contribuyan al bienestar social.
Si colectivamente buscamos soluciones, construimos consenso entre los interesados y además implementamos las soluciones acordadas juiciosamente, Santa Marta puede ser una ciudad con una mayor equidad social. Necesitamos sólo dos cosas: creatividad y voluntad.