Plebiscito contra el gobierno

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Escrito por:

José Lopez Hurtado

José Lopez Hurtado

Columna: Opinión

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El pueblo colombiano al reelegir a Santos lo hizo por su compromiso  electoral de propender, casi de manera excluyente, de lograr la paz con las FARC-EP, y de acabar con  una guerra de más de cinco décadas que ha sacrificado generaciones, bienes y recursos.

 

 No existía de verdad, otra propuesta que sedujera la voluntad de los electorales, pues hasta la propia figura del candidato resultaba antipática por los mediocres resultados de su gestión anterior, y además  por aparecer  un tanto comprometida con el gobierno de Uribe , del que había sido ministro de defensa en el tristemente célebre escándalo de los "falsos positivos--más de 3.000 personas asesinadas extrajudicialmente--,  cuyos verdaderos autores, hasta hoy, no se ha logrado identificar y responsabilizar plenamente. Los sectores más apáticos y disimiles, intelectuales, contestatarios y abstencionistas, acudieron masivamente  a respaldar la cruzada en la construcción de la paz.

Era fácil entender el extremo sigilo y secreto en que se mantuvieron las conversaciones por espacio de tres años, atendiendo a los antecedentes históricos de otros procesos en el mundo, que habían abortado precisamente  por su exposición pública, y comprensibles los atajos, reparos y suspensiones que lo afectaron con alguna frecuencia.

Al conocerse hoy, fragmentariamente, lo que se ha acordado, ya en la etapa final del proceso, se  concluye, sin mayores prevenciones, que se diseñó un vestido hecho a las medidas de la guerrilla, al llevarse por delante toda la estructura institucional que, para bien o mal, ha  orientado el país desde la Constitución de 1991, a la que confluyeron en su momento las más antagónicas fuerzas políticas.

Atropello que se observa desde la misma ley, que aprobó el Congreso, con mensaje de urgencia del gobierno, convocatoria al plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana, sospechosamente elástica en sus requisitos, como aquel de bajar el umbral de más de 16 millones de votos, como lo establece la norma, a  menos de 5 millones, para lograr su validez vinculante.

Pero además, cualquier desprevenido observador, no necesariamente docto en ciencias jurídicas, puede señalar  al leer los últimos acuerdos suscritos, en los que se cambia el clásico concepto de penas privativas de la libertad al de simples sanciones restrictivas de locomoción,  en especial de aquellos sujetos incursos en crímenes de Lesa Humanidad, cómo se produce un violento choque con las disposiciones que rigen la materia en los tratados internacionales y en especial con lo dispuesto por la Corte Penal Internacional (CPI), que eventualmente podría reclamar jurisdicción, dado su carácter residual frente a la inoperancia de la justicia de cada país, sin mencionar lo de la reparación  a las víctimas que luce con letras de molde en los textos, pero sin ningún soporte real.

La Corte Constitucional, en definitiva,  guardián del orden supra-legal,  en definitiva, deberá realizar el análisis preferente de los acuerdos. Existe, por otro lado, la posibilidad de que ante la mediocridad del gobierno  de  Santos, que no ha mostrado positivos resultados en muchos frentes, el pueblo colombiano resuelva darle con su participación en las urnas un carácter plebiscitario de rechazo a su administración, en cuyo caso como el propio mandatario lo reconoció a la prensa británica "se vería en muy serias dificultades". Lo cual equivaldría a una total deslegitimación de su gobierno.

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