"Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente". (Sócrates - Filósofo griego).
Es imperativo empezar diciendo que el Tratado de Roma de 2002 prohibió los indultos o amnistías generales para quienes hayan cometido delitos internacionales y de lesa humanidad y en razón a que Colombia es firmante de dicho tratado, si la justicia impartida en el proceso de paz que se discute en La Habana no convence ni satisface los requisitos exigidos por ese instrumento, entonces la Corte Penal Internacional tendrá la facultad de intervenir e impartir justicia por su cuenta y es aquí en donde las cosas se ponen color de hormiga, habida cuenta que los tiempos han cambiado y los ojos del mundo están puestos en Colombia y su proceso de paz y la tan cacareada impunidad sobre la que hablan algunos narcisos que no aceptan ni entienden que sus tiempos pasaron y su posición pendenciera no encuentra eco en gran parte de la población sensata que está harta de tantos años de guerra fratricida.
El rimbombante nombre de Justicia Transicional del que tanto se viene hablando consiste en que los responsables de crímenes considerados atroces y de lesa humanidad pueden pasar de agache ante la verdadera justicia y sean beneficiados con una laxitud aberrante sobre la cual es difícil que muchos integrantes de la sociedad se traguen dicho sapo y acepten que estos se concentren en diferentes regiones del país, en donde le restrinjan un poco la locomoción, al punto que algunos consideran que justicia no es sólo cárcel, aunque claro está, esa reflexión vanguardista es sólo para ellos, mientras en los cementerios de seres vivos denominados centros de reclusión se consumen en vida miles de personas que han cometido el error de robarse una caldo de gallina o una bolsa de leche.
No creo que haya un solo colombiano que no quiera la paz, pero no a cualquier precio, sino que esta debe ser el resultado de un sometimiento de la insurgencia frente a la autoridad del estado y con el cumplimiento de ciertos patrones de justicia en donde se plegue la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición, pero sin pasar por encima de lo que muchos consideran es la espina dorsal de la política criminal y sobre la cual debe primar que justicia es el broche de aplicación del ordenamiento jurídico sobre quienes han infringido el estatuto penal y no parece coherente que las víctimas, -las verdaderas y autenticas victimas-, acepten ni cohonesten con tantas gabelas entregadas a quienes hace algunos días despedazaban las ilusiones de la sociedad y hoy, -de manera arrogante y retadora-, imponen sus condiciones y pareciera que ellos hubieran ganado la guerra.
Obviamente que aquí se plasmaría que este tipo de justicia se aplicará a todos los actores del conflicto, en el entendido que las Farc no son las únicas responsables de atrocidades, por cuanto hay cientos de militares procesados ante los tribunales por crímenes cometidos con ocasión del conflicto, tales como los falsos positivos, de ahí que bajo la lupa de la Corte Penal Internacional muchos altos oficiales podrían terminar en la cárcel por muchos años. En esta denominada Justicia Transicional recibirían un tratamiento equilibrado y similar al de los guerrilleros, lo que algunos consideran como un justo reconocimiento de que una confrontación bélica como la nuestra no pueden terminar unos amnistiados y en el congreso y los otros confinados en mazmorras estatales.
Aunque el acuerdo de justicia pareciera ser realista, no es menos cierto que su implementación puede tropezar y las cosas no serán nada fácil, sobre todo por lo que encierra esa aplicabilidad desde el punto de vista económico, máxime cuando el gobierno colombiano ha salido, -como cualquier indigente y limosnero-, con el sombrero en la mano a pedir y mendigar ayudas, porque esos compromisos adquiridos cuestan un billete largo y las cosas no parecen ser color de rosa.
También debemos mirar el asunto desde la óptica política y las reformas constitucionales que se necesitan hacer y la expedición de leyes que exigen en un gran consenso nacional, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de que el tribunal que juzgue a los insurgentes será un órgano de cierre e intocable y qué tal que mediante una tutela la Corte Constitucional se atreva a tumbar cualquier fallo, y lo otro es, si el acuerdo falla, qué hacemos, para dónde cogemos. Amanecerá y veremos.