A las víctimas de las Farc nos esperanzaba el hecho de que el Gobierno y las Farc se hubieran tomado tres meses adicionales para perfeccionar los acuerdos anunciados el 23 de septiembre, supuestamente porque iban a dar mayores garantías y mayor peso al punto de justicia y de víctimas, especialmente, a la reparación de estas últimas.
Sin embargo, el martes, al conocer el texto integral de los acuerdos pactados, lo que sentimos fue una profunda desilusión: lo que habría podido ser una oportunidad para, efectivamente, poner en el centro del proceso a las víctimas (aunque no hubiéramos sido tenidas en cuenta para la estructuración de tales acuerdos), lo que en realidad hizo fue ubicar en el centro a las Farc.
El Gobierno, como interlocutor que tiene la obligación de defender los derechos de todos los colombianos, en particular los de las víctimas, fracasó en el objetivo de que el acuerdo fuera sostenido por cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los hechos victimizantes. Al final, todo ha sido acomodado para que sean las Farc quienes lleven la batuta.
Según este acuerdo, las Farc serán la parte que defina cuál es la verdad. La comisión que se creará para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición va a ser una especie de fiscalía que tendrá una composición definida por seis representantes del gobierno y las Farc y tres personas adicionales que, en últimas, seguirán siendo aquellos a quienes les den la bendición las Farc y el Gobierno. Así, la institucionalidad de una fiscalía que va a decir cuál es la verdad del conflicto interno va a recaer en personas afines a las Farc y se va a convertir en una institución que defienda y ayude a los amigos del grupo que más víctimas ha aportado al conflicto y que satanice a los enemigos del mismo.
Y si las Farc escogen los magistrados que los juzguen, ¡pasarán de victimarios a jueces!
Como si esto fuera poco, serán ellos quienes seleccionen cómo hacer la reparación de víctimas y cuáles serán las víctimas merecedoras de esa reparación. Reiteramos: las Farc serán quienes definan quién es bueno y quién malo en este país. Son quienes determinarán la verdad. Ya han comenzado a hacerlo, según deducimos del lenguaje eufemístico, retórico y siempre conveniente para las Farc, que ha sido utilizado en el comunicado y en el texto de los acuerdos. Y, sobre sus innumerables crímenes, ¿quién nos garantiza que las Farc, después de medio siglo de mentirle al país y al mundo, van a comenzar a decir la verdad? Y, como todos sabemos, si no hay verdad, nunca habrá justicia; si no hay justicia, será difícil hacer una reparación justa y real, y ello, claramente, no permitirá terminar con el conflicto.
En lógica consecuencia, no habrá verdad, ni justicia, ni reparación, ni, mucho menos, garantía de no repetición. Por tanto, este acuerdo hace cada vez más lejanos los anhelos de paz, la tan buscada terminación del conflicto, que queremos todos los colombianos.
A causa del afán del Gobierno por sellar un acuerdo, a marchas forzadas, sin tener en cuenta ni a las víctimas ni a la mayoría de los colombianos, y a causa del apetito desmesurado de las Farc y del aventajamiento de sus negociadores frente a los del Gobierno, ambos se están haciendo un harakiri: el harakiri de que los colombianos no nos vamos a poder tragar este sapo y, en consecuencia, eso va a significar la muerte del plebiscito.