El Tratado de Asunción o Ñemby Ñemuha (en guaraní), que dio origen al Mercado Comum do Sul, (1991), que incorpora como países miembros a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, como socios de pleno derecho, a Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana-Surinam como " Estados asociados", y a México y Nueva Zelanda, como "Estados observadores", al decir de los especialistas, representa el 82.3% del PIB total de Sudamérica, abarca 13 millones de Km 2 de territorio, 275 millones habitantes (70% del total de la región), con un PIB de 4.58 billones de dólares, y es considerado el 4º bloque de importancia mundial. Nada despreciable en las finanzas internacionales, como resultado de la zona de libre comercio, acuerdos de arancel y diversos mecanismos de complementación productiva y de integración económica, social y cultural, que implementó desde sus inicios.
Pero en 1991, a manera de salvaguarda institucional, el grupo resuelve incursionar en el campo político y suscribir el documento conocido como la Cláusula Democrática o Protocolo de Usuahia (la ciudad más austral del mundo), a la cual el nuevo Presidente argentino Mauricio Macri ha prometido acudir para frenar los abusos que el gobierno de Maduro ha desatado contra los opositores a su régimen, frente al silencio de la OEA y de algunos gobiernos de la región que prefieren no tomar ninguna posición sobre el particular.
La Cláusula Democrática de Mercosur, postula llanamente el trámite de sanciones en caso de ruptura democrática que se presente en alguno de sus países miembros, en cuyo caso se promoverán consultas entre sí y con el Estado en cuestión, que de resultar infructuosos, implicará consecuencias que van desde la suspensión, hasta sanciones de orden económico, como ocurrió, por primera vez de su aplicación en 2012, contra Paraguay cuando se destituyó al Presidente Fernando Lugo. En 2011, el grupo, de una importancia geopolítica trascendental, por cuanto dos de sus miembros son parte del exclusivo G-20, endureció su posición y firmó el Ushuaia II, en el que se incluye la simple "amenaza de ruptura, violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos", para activar el mecanismo, modificación que no se encuentra en vigencia aún, por cuanto no ha sido ratificada por los Congresos de los Estados firmantes, a excepción, irónicamente, de Venezuela que sí lo hizo en 2013. De todas maneras, en la próxima Cumbre de Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, en los primeros días de diciembre, se pondrá en juego la solidez del grupo, la fortaleza del Protocolo, el naciente prestigio del nuevo mandatario argentino, y por supuesto, la misma solidez del gobierno venezolano que será severamente cuestionado por la "persecución a sus opositores".