Mis últimas columnas han sido sobre el Acuerdo de Justicia Transicional. Es mi responsabilidad como abogado y columnista informar, informar e informar y repetir, repetir y repetirlo que ya he dicho sobre el Acuerdo (el que no conocemos en su totalidad a la fecha), al cual llegaron en La Habana la institucionalidad, en cabeza del Gobierno Santos, y las Farc, grupo narcoterrorista al margen de la ley.
El Acuerdo en sí es extremadamente preocupante. Se han identificado y mencionado puntos claros y sustantivos en otras columnas en los cuales la institucionalidad saldrá perdiendo, tales como la impunidad para los delitos de guerra y lesa humanidad, la participación inmediata en política de los autores de delitos de guerra y lesa humanidad y el Tribunal de Paz. De estos tres puntos, el de mayor preocupación es sin duda el del Tribunal de Paz.
La constitución y el funcionamiento del Tribunal, como se pretende, no solamente significa abandonar la tradición jurídica del debido proceso y el juez natural, construida durante siglos, sino que también se le está permitiendo a las Farc imponer sus condiciones de justicia, para que, en conjunto con ellos, sea toda la sociedad la que responda como coautora de los crímenes y delitos en el marco del "conflicto".
Esto no es más que montar el escenario para que las Farc puedan justificar su "derecho" a la rebelión y los delitos cometidos y puedan inculpar a toda la sociedad y las fuerzas vivas Colombianas de lo divino y de lo humano de manera sumaria, cuando la sociedad y las fuerzas vivas Colombianas solamente han defendido y rodeado a la institucionalidad en estos años de violencia terrorista. Y esto hay que informarlo, informarlo e informarlo y repetirlo, repetirlo y repetirlo hasta la saciedad. Con el Acuerdo como esta planteado pierde el País y la sociedad Colombiana. Hay que decirlo una y otra vez hasta que toda la sociedad, las fuerzas vivas Colombianas y cada ciudadano entiendan lo que está en juego y lo peligroso y lo vulnerable que sería el país, la justicia y la reconciliación nacional con el Tribunal en la forma que está planteado.
En este sentido, todos aquellos que tenemos voces disidentes, dentro de la euforia alucinógena de la Paz, no estamos ladrando, como lo ha dicho el gobierno. La congruencia ideología siempre ha estado ahí. No es lo mismo la Ley de Justicia y Paz a crear una para-justicia como se pretende. No se está aprovechando el proceso de Paz para hacer política electorera y poner palos en la rueda. Simplemente vemos peros mayúsculos, por no decir gravísimos, sustentados en criterios ideológicos sólidos y congruentes.
Así, de implementarse como está el Acuerdo de Justicia Transicional se socavaría la misma estructura del Estado y su viabilidad, al derrumbar, por la búsqueda de la paz, principios fundamentales del Estado de Derecho. Esto no es menor. Es política pública de "Alto Turmequé" que debe ser debatida ampliamente por todas las fuerzas vivas de la Nación. No podemos abstenernos de opinar y no pueden los mismos funcionarios del Gobierno acallar las críticas con epítetos desobligantes, o los mismos políticos de la unidad nacional, tratando de vender a la opinión pública de que las críticas son oportunistas, electoreras y populistas. Nada lejos de ello. Nos jugamos el futuro del país.
Por ello, hay que informar, informar e informar y repetir, repetir y repetir que el Acuerdo de Justicia Transicional (lo que conocemos) es perverso y tendrá consecuencias catastróficas para el país y sus instituciones. Tercio Extra: La refrendación de lo acordado en La Habana con participación popular no se puede hacer con una pregunta simple de si o no. El pueblo se debe pronunciar positiva o negativamente sobre cada punto grueso para decidir en conciencia, sobre cada uno de ellos, pues lo que se juega es el futuro del país y sus instituciones.