Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Después de firmar el acuerdo que debe conducir al fin del actual conflicto armado en Colombia, con más de 50 años, cruento y costoso, empieza el más complicado asunto: construir un nuevo modelo de sociedad que lleve al anhelado objetivo de la paz.
El final de la guerra requiere un conjunto de acciones articuladas y sincrónicas: un marco jurídico que permita la desmovilización de los guerrilleros con sanciones válidas para todos los actores involucrados en crímenes atroces; verdad; y garantía de no repetición; plena aplicación de la Constitución del 91 -es, simplemente, la obligación estatal de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales- que lleve al verdadero estado social de derecho, y mucha pedagogía: si bien se trata de una paz imperfecta en la cual no se vislumbra una completa aplicación de la justicia -claramente, no serán honradas muchas víctimas de tanta atrocidad-, el perdón entre todos es fundamental en éste doloroso proceso; la elaboración del duelo, una necesidad. Debemos apuntarle a una sociedad civilizada, consistente y duradera de acá en adelante, y no a un episodio de corto alcance.
Los colombianos sensatos saben que, en el marco de una justicia imperfecta, muchos crímenes quedarán sin castigo, que fortunas mal habidas quedarán ocultas y hasta lavadas, y que muchos culpables pasarán de agache, y están dispuestos a ellos con tal de finalizar la guerra. Pero, ¿es diferente a lo que tenemos ahora? ¿Es distinto a lo sucedido en pasados procesos? En las difíciles negociaciones con la guerrilla de las Farc quedarán puntos no cubiertos que quizás no sean objeto de persecución judicial.
Ni exigir en demasía para permitir el regreso a la sociedad de los guerrilleros, ni ceder en los puntos de honor para evitar romper el espinazo constitucional y legal y no entregar el país a sus enemigos armados, parece haber sido el norte de los negociadores. El resultado, frágil aun, ha sido bien recibido por la comunidad internacional, los más importantes personajes del mundo y las organizaciones supranacionales. La paz hay que construirla entre todos; es un trabajo colectivo.
No obstante, hay quienes consideran que el proceso es ventajoso para las Farc y contrario a los intereses nacionales; más aún, algunos se oponen radicalmente a cualquier resultado de la negociación que no termine con prolongado encarcelamiento para la cúpula fariana, y duras penas para muchos de sus integrantes. Pero, ¿es esa la solución? Algunas encuestas dividen por igual a quienes están por la retaliación judicial y los que prefieren perdón y reconciliación, aplicados por igual a todos los actores armados incursos en delitos atroces. La llamada justicia transicional puede ser la respuesta: siendo la paz un bien supremo de la nación, derecho fundamental y deber constitucional, cualquier acción que la produzca debe ser apoyada por la sociedad en pleno.
Como bien lo afirma el reputado penalista, profesor Luigi Ferrajoli: "La paz es un valor supremo. Sin paz no hay justicia, no hay democracia, no se puede garantizar ningún derecho fundamental. Desde Tomás Hobbes, la paz ha sido teorizada como la finalidad misma del contrato social."
Complicada es también la financiación del postconflicto. Afirman algunos estudiosos que el silencio de las armas oficiales pondría de $10 a 12 billones de pesos del presupuesto a disposición de otros rubros urgidos de dinero. No parece posible en fases iníciales: quedarán rescoldos, algunos como subversión y otros como "bacrim", asociados a organizaciones criminales. Se avecina una nueva acción bélica de paramilitares contra los desmovilizados, según publican importantes medios. Todo ello obliga a mantener el actual pie de fuerza, y controlar la reactivación del conflicto, a los insurgentes que permanecerán armados, y las nuevas bacrim. Además, hacer presencia de Estado en toda la geografía nacional. En el mediano plazo, unos 10 años tal vez, podría ser posible reducir el costo del conflicto. Mientras tanto, es urgente ponerle coto a la corrupción estatal, que vale dos Isagen cada año: 12 billones anuales, dicen. Incluso, toca actuar contra la reinante delincuencia organizada.
Otro espinoso asunto es la participación en política de los líderes guerrilleros, asunto que actualmente desafía a la Carta Magna; una enmienda constitucional tendrá un tránsito complejo en el Congreso. Nada fácil es el camino que empieza a andar el tren de la paz.