La semana pasada se parió, con euforia patológica, la rendición del Estado Colombiano a los terroristas. El Presidente Santos, como es su costumbre, con fanfarria y pompa, aclamó a los cuatro vientos que se había logrado el Acuerdo de Justicia Transicional.
Según lo ha vendido el Gobierno, el acuerdo es aceptable, contiene el máximo/mínimo de justicia y será un modelo a seguir a nivel internacional. Difícil es que los Colombianos aceptemos semejante acuerdo. A primera vista parecería que el mismo es razonable y no contiene problema alguno. Pero si le damos un análisis más detallado, el mismo contiene algunas cosas inaceptables y otras que, aun sin definir, generan temor y desconfianza.
Considero que tres son los problemas del acuerdo. En primer lugar, la Jurisdicción Especial de Paz parece más un tribunal de la inquisición, todo poderoso, con jurisdicción y competencia sobre cualquier delito grave cometido durante el "conflicto" y sobre las FARC y todos los Colombianos (empresarios, políticos, ex presidentes y incluso víctimas), en lugar de un tribunal que imparta verdadera justicia. El Tribunal no tendría cortapisa, lo cual podría implicar violaciones al debido proceso. Podría abrir casos cerrados con sentencia, en violación al principio de cosa juzgada, y sería el único competente para juzgar a los "actores del conflicto", en violación al derecho a ser juzgado por un tribunal preexistente a los hechos o juez natural. Su composición, aun no definida, aterra.
Los delincuentes escogiendo a sus jueces. Igualmente, se ha dicho que habrá algunos jueces extranjeros. No deja de ser un sin sentido tener foráneos con competencia en Colombia. Además, un solo Juez amigo de las Farc o revanchista será suficiente para que se reabran procesos y se persigan a ciertas personas y empresas que han sido victimas de las Farc. En segundo lugar, se daría amnistía o indulto al delito político y delitos conexos, que no sean delitos de lesa humanidad. Lo que ocurrirá es que todos los hechos delictivos serán delitos conexos. Así, el porte ilegal de armas que es un delito conexo irá de la mano con el narcotráfico que será también un delito conexo.
En tercer lugar, quienes confiesen delitos de lesa humanidad tendrán penas de 5 a 8 años, no en prisión, sino en un "limbo" o "lugar" que se ha dicho será austero y vigilado. No se sabe que es esto y en la práctica pueden terminar miembros de las Farc en prisiones o campamentos como la Catedral de Pablo Escobar, donde continuarán con sus andanzas, o simplemente harán trabajo comunitario en plena calle. Estos tres problemas del acuerdo van a erosionar las instituciones y generarán desconfianza en el propio sistema político. Hay que dejar claro que los delincuentes son las Farc y que no se puede usar el proceso de paz para crear mecanismos para enjuiciar a particulares que en realidad fueron víctimas y al Ejército y sus miembros que no hicieron más que defender la institucionalidad.
El país con este acuerdo se esta dando un tiro en un pie y destruirá su propia institucionalidad. De esta forma, los ciudadanos con la manipulación del Gobierno y el hastío a este "conflicto" pueden terminar apoyando un acuerdo como este, que no construye sino que destruye. Que no se equivoque el Gobierno pensando que se critica el acuerdo sólo por criticar.
Hay peros sustantivos al mismo, como los ya explicados, que puede destruir las bases del país. El fin no justifica los medios y al final de un proceso de paz las armas deben ser rendidas y entregadas al Estado para su destrucción. Tercio Extra: Los Uribistas son Uribistas no necesaria y exclusivamente por Uribe, sino por las banderas e ideales que él y el CD enarbolan y protegen. Si no fuera por los líderes del CD, el acuerdo sería más aberrante de lo que en sí ya es.