Preocupa la probabilidad de que se detenga el proceso de paz en Colombia. Preocupa por muchas razones, una de ellas son las minas antipersona.
Artefactos explosivos que se encuentran plantados en más del 50% del territorio nacional y que constituyen una verdadera problemática pues no conocemos sus coordenadas de ubicación, sino que las detectamos con el estallido que acaba o lesiona la vida de algún colombiano.
Según la Dirección contra minas de la Presidencia de la República, hoy día tan solo 4 municipios del país están libres de sospecha de explosivos: San Carlos y San Francisco en Antioquia, El Dorado en el Meta y Zambrano en Bolívar.
Colombia, lleva un liderazgo macabro. Según la revista Semana, en el 2013 Colombia ocupó el primer lugar en el listado de países víctimas de minas antipersonas con un promedio de 10 personas al día, heridas o muertas por estos artefactos explosivos y en el 2015, nuestro país recibió el título de ser el segundo, después de Afganistán.
Las víctimas, son hombres, mujeres, niños campesinos o soldados que cuando sobreviven, deben cargar con el peso de una interminable rehabilitación física, un sistema de apoyo psicosocial deficiente y la invisibilidad de su discapacidad dentro de las cifras oficiales del Gobierno Nacional.
Estas limitaciones se suman al dramático cambio de vida por el que deben atravesar así como la afectación que padece todo su círculo familiar, situación que sigue siendo ajena a la oferta pública de asistencia del Gobierno.
Todos los días hay nuevas víctimas. Según las últimas cifras de la Presidencia de la República, desde el 1 de enero de este año hasta el 6 de julio, se registraban 119 colombianos víctimas de minas antipersonas de las cuales 76 pertenecen a la fuerza pública y 43 son civiles. Estas cifras no dan espera.
Hace 4 meses recibimos el anuncio del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sobre un acuerdo histórico para retirar las minas antipersonas en todo el país. La comisión a cargo del desminado, ya está en Antioquia lista para comenzar a trabajar.
Las metas son claras: un territorio libre de minas, efectiva ayuda psicosocial para los sobrevivientes y sus familias pero sobre todo, coordinación institucional para que estos compromisos dejen de estar en la tinta de un papel y lleguen pronto a los colombianos.