Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Hay situaciones legales que permanecen en el tiempo sin sufrir las modificaciones que cada época demanda. Algunas son sólidas, como la Carta Magna de Juan sin Tierra, referente para equilibrar la sociedad inglesa desde entonces. Otros contextos jurídicos antiguos hoy son absurdos, impracticables y, muchas veces, anacrónicos o peligrosos. Uno de ellos es la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América.
En una nación que apenas despuntaba, entonces inestable, de frágil democracia y demasiada violencia, sus habitantes vieron necesario continuar en posesión de las armas que ya tenían, organizando incluso milicias para defender su nuevo país de los ingleses expulsados, colonos afectos a la corona y eventualmente de otras naciones.
Desde la Constitución de Pennsylvania de 1776 se estableció el derecho ciudadano al porte de armas para su defensa y la del Estado. Ello explica el espíritu de la segunda enmienda que, después de expedida la Constitución de 1787, establece el derecho a la posesión de armas, ratificado siempre, primero por la Séptima Enmienda y, recientemente, por la Corte Suprema de ese país. Pero esos factores que la inspiraron ya no existen.
En los Estados Unidos, la posesión de armas va acompasada con su libre comercio con exigencias no muy complicadas. Por ello, casi 300 millones de armas, incluso de guerra, están en poder de civiles, sin contabilizar el mercado negro: perpetrar masacres en los Estados Unidos es relativamente fácil. De ñapa, por los resquicios de la segunda enmienda y sus reglamentaciones se cuelan enfermos mentales y aberraciones sociales como el racismo, fuertemente arraigado todavía en una sociedad anglosajona casi siempre intolerante con los afrodescendientes y otras minorías que, para muchos, merecen plomo.
El resultado es catastrófico: cualquier chiflado, en nombre de "causas nobles" (libertad, democracia, justicia, etc.) puede asesinar a su antojo. Y es inevitable: por ley, la información médica es privada y la prevención, imposible. James Holmes, el de la matanza en Aurora (Colorado) en 2012, padecía trastorno bipolar. Aun así, pudo comprar armas sin inconvenientes en una de las 130 000 armerías públicas de los Estados Unidos.
El racismo es detonante cardinal de masacres: Dylan Roof, un joven racista declarado de Charleston (Carolina del Sur), la semana pasada entra a una iglesia metodista africana y asesina a nueve personas, pues quería iniciar una "guerra racial". En abril pasado, con motivo de su cumpleaños, su padre le regaló una pistola calibre 45.
Luego de la masacre en la escuela de Sandy Hooks (2012) ejecutada por el trastornado Adam Lanza, primó por encima de Obama la posición de la Asociación Nacional del Rifle, según la cual, para evitar futuras matanzas, todos en las escuelas deberían armarse, achacando la violencia a "los videojuegos, los medios de comunicación y el presupuesto de Obama": cinismo absoluto.
¿A qué viene todo esto? En Colombia, fracasan los intentos por desarmar a la población, tanto de armas legales como ilegales. El mercado negro supera con creces al legítimo; las porosas fronteras no sirven de talanquera para los traficantes, y el armamento de guerra entra sin problemas con destino a la ilegalidad. Si llegare la terminación del conflicto con las Farc, el problema de las armas será similar al de los Estados Unidos. Suponiendo la entrega de ellas por parte de esa guerrilla, (¿unas 10 000 quizás?), quedarán varios millones más entre legales (¿1 200 000?) e ilegales (¿3 000 000?) en poder de civiles, muchas más de las que posee legítimamente el estado.
¿Cuántos desmovilizados irán armados directo a la delincuencia? Así pasó cuando el M19 y las Auc entregaron sus armas; la violencia en Colombia siguió igual, puesto que la guerrilla y el paramilitarismo son sólo una parte del problema. Armada está la población civil y el Estado -Fuerzas Militares y Policía-, cuerpos de seguridad y vigilancia, e ilegalmente las otras guerrillas, los paramilitares, las bacrim, la delincuencia común y la organizada, los paranoicos, dementes, racistas, intolerantes, etc.
Y armados están los espíritus de quienes financian o azuzan el conflicto, sea por temores válidos o por beneficios infames. Entonces, se precisa del monopolio estatal de las armas, desarmar a la población y a los espíritus de quienes incitan al odio, la intolerancia y, consecuentemente, a la violencia. Es que las armas se hicieron para matar, precisamente.