Es realmente desconcertante la manera como fluyen las informaciones al público colombiano desde La Habana, acerca de las conversaciones que sostienen el gobierno colombiano con las Farc. Algunas de dichas informaciones no son realmente oficiales y otras sí parece que son autorizadas.
Lo más reciente e importante que se ha conocido es lo que ha planteado uno de los negociadores de las Farc, de una manera confusa y al parecer, poco probable que ocurra.
Consiste tal alocución en que ellos considerarían la posibilidad de aceptar una reclusión especial, si una comisión de la verdad (por conformar) se lo pide; bajo la condición de que dicha comisión de la verdad establezca también la responsabilidad del Ejército, entidades del Estado, funcionarios de los gobiernos, ganaderos, banqueros y demás representantes del empresariado colombiano, así como actores de la sociedad civil que incitaron y promovieron la guerra.
Eso parece un chiste, pero para muchos en nuestro país les ha parecido un gran avance logrado por el presidente Santos. Lo cierto es que eso sí encaja dentro del principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. También es cierto que encaja en lo expresado por quienes consideran que allí existen dos Estados, el de las Farc y la República de Colombia.
Todos los actores dentro de una zona de reclusión especial, pagando penas alternativas bajo un modelo de justicia transicional, impuestas por una comisión de la verdad. Aquí surgen más inquietudes.
¿Quiénes escogerían y quiénes conformarían esa comisión? Porque ya están advertidos todos, incluido el Fiscal General de la Nación, que el señor James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que los Estados miembros del Estatuto de Roma tienen la discrecionalidad de diseñar modelos de justicia transicional que se requieren para acabar un conflicto armado, y que los máximos responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad tienen que ser perseguidos y castigados.
Por otra parte, el más importante partido de oposición al gobierno actual ha propuesto, mediante informes conocidos por los medios de comunicación, que el gobierno debe exigir a las Farc concentrarse en un sitio en Colombia con verificación internacional; así los delitos que se cometan fuera de ese sitio no habría duda de que no son cometidos por las Farc.
Hay una clara diferencia entre una zona de concentración y una zona de reclusión especial.En Colombia hemos experimentado las dos clases. La cárcel La Catedral de Pablo Escobar en Envigado, Antioquia fue una de ellas, asociada al narcotráfico, y la Zona de Ubicación en Santa Fe de Ralito para las Autodefensas Unidas de Colombia en Tierralta, Córdoba fue la otra, referida a los grupos paramilitares, quienes pretendían refundar la República. @WILFRIDODELAHOZ
