Escrito por:
Alfonso Lopez Carrascal
Columna: Pedagogía Constitucional
e-mail: lopezcarrascal@yahoo.com
Algunos togados de las Altas Cortes, vienen oponiéndose a la reforma de equilibrio de poderes, por cuanto en vez de declararse impedidos, defienden a ultranza sus intereses particulares, y ya vimos en el pasado que el Señor Procurador antes de ese cargo, fue Consejero de Estado y el actual Fiscal General de la Nación, Magistrado de la Corte Constitucional. Queremos mirar la reforma, desde el punto de vista judicial, por ejemplo: la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es una institución politiquera, que resalta la impunidad de las investigaciones de muchos funcionarios aforados y está bien que esos altos funcionarios, no pueden ser juzgados por votos u opiniones, proferidos en ejercicio de su independencia funcional. El Tribunal de aforados es un paso adelante y necesitaría de una buena reglamentación. Consideramos que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, se hace importante y en su lugar se crea la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial, a cargo del Consejo de Gobierno Judicial, con una gerencia, para definir las políticas de la Rama, el reglamento de la Carrera judicial y la aprobación del mismo. Hay que anotar la bienvenida que en ese consejo de gobierno judicial, integrado por nueve miembros, contará con la presencia de los Presidentes de la Corte constitucional, de la Corte Suprema de Justica y del Consejo de Estado, el Gerente de la Rama Judicial, un representante de los magistrados de las tribunales y de los jueces , como también un representante de los empleados de la Rama Judicial y con la asesoría de tres miembros permanentes expertos en administración publica con experiencia en temas relacionados con la administración judicial. Igualmente se crea la comisión Nacional de Disciplina Judicial para que ejerza la función jurisdiccional y disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, comisión compuesta por siete magistrados elegidos por el Congreso para ocho años sin reelección, teniendo en cuenta que la figura de la reelección será cosa del pasado. La Defensoría del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma, administrativa y presupuestalmente. Se prohíbe el " yo me elijo y tu me eliges" es decir que los servidores públicos no podrán contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo, acabando con la puerta giratoria, entre Magistrados de Altas Cortes y Órganos de Control. La elección de magistrados de Corte Suprema y Consejo de estado, se hará por convocatoria pública, y por otra parte se le quita a la nueva comisión de disciplina judicial, el conocer de tutelas o de conflicto de jurisdicción, como lo autorizaba la Constitución actual. El país necesita de ese tipo de reformas y otras, para que la justicia en sociedad post conflicto, sea una justicia imparcial dedicada al estudio de casos y no a las gabelas. Hay que apoyar al Gobierno en ese sentido. Preguntamos:¿en qué se sienten golpeados los jueces y magistrados territoriales con esta reforma?