Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
A mí me da la impresión de que en la discusión del llamado equilibrio en los poderes públicos lo que hay es una pugna entre personas que se creen dueñas de ellos. Y que, por eso mismo, es tan difícil conciliar las diversas posiciones, exteriormente "institucionales", de la cuestión.
Parece que cada quien está más pendiente de su puesto (o del futuro de quien lo ocupe) que de la efectiva firmeza institucional, o de, al menos, conseguir que por fin haya firmeza institucional en este país. Pues bien: el tema de la identificación/confusión de la persona del servidor público colombiano, con sus funciones, no es reciente.
Hegel ya lo había dicho alguna vez: si alguien permanece demasiado tiempo en un cargo estatal, casi literalmente atornillado, termina por creerse dueño de él. Y esto no puede ser.
O sí puede, pero entonces cuando un alto magistrado venda fallos, y, descubierto, no tenga la vergüenza de apartarse de sus funciones, amparado en vacíos constitucionales, entre otras cosas se comprende que, finalmente, no puede ser aceptable que un flamante renegado de la ley esté en posición de acaparar el poder de decir la verdad en nombre del pueblo. ¿La verdad?, ¿cuál verdad? La oficial, la verdad que debe ser base de la convivencia entre seres sin mucho en común.
En un Estado que presume nacer del derecho (es decir, de la voluntad popular), sus tres manifestaciones aparentemente independientes (judicial, legislativa y ejecutiva) tienen también la teórica potestad de armonizarse entre sí.
No podría admitirse, en principio, que cada una vaya por su lado. De esa modulación depende, por lo tanto, que exista cierta unidad de fuerza que permita predicar la consabida legitimidad institucional: sin ella, la ficción de la democracia, y la ilusión de estabilidad, se irían al traste, y después, lo que quede de la paz social. Esta es, pues, una de las grandes fuentes de la verdad oficial de la realidad: la interacción de los poderes estatales.
Esa verdad emergida del derecho es la posibilidad de que se inviste a un individuo para que, dentro de un margen relativamente amplio, él decida, por sí y ante sí, lo que sencillamente es bueno y es malo. En últimas, el derecho aplicado permite que haya autoridades, y que ellas digan lo que se debe aceptar como cierto.
Eso es inevitable. Sin embargo, en algunos países, tal poder es realmente una responsabilidad social inmensa e ineludible (pues la gente así lo presiona): si ese poder no se ejerce además con grandeza moral, como no suele pasar entre nosotros, viene el quiebre.
Cuando los funcionarios públicos de cualquier rama, de todas ellas, se comportan como agentes privados-como señores de su encargo-, es muy posible que la verdad oficial que el derecho les permite escribir esté siendo falseada (con las consecuencias socialmente negativas de rigor); y que, en parte, ello se deba a que la mencionada simbiosis de los poderes públicos esté mal determinada por las apetencias personales (que por definición son transitorias, superficiales, mezquinas) de los diversos intervinientes, y no por las razones necesariamente transcendentales (y ciudadanas, profundas, más o menos definitivas) que el Estado requiere para permanecer más allá de quienes se lo arrogan por momentos.