En Colombia se vive al borde de un infarto, sobre todo aquellos que no se han aislado como lo han hecho algunos para lograr algo de paz de espíritu. No había pasado el horror por el asesinato de los soldados por parte de las Farc, cuando sucedió algo que, se suponía, iba a pasar de todas maneras.
Se cumplió la segunda parte del cohecho que permitió el cambio del artículo de la Constitución para lograr la reelección del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez. Ya Yidis Medida pagó su parte y ahora dos ministros y el secretario de la Presidencia de entonces fueron condenados.
Los Ministros ya están recluidos, no en la cárcel -cabe aclarar-, sino Sabas Pretelt en la Base Naval de Cartagena y Diego Palacio en la Escuela de Caballería.Ya la Silla Vacía presento gráficamente lo que ha sucedido con el grueso de los funcionarios de los círculos más cercanos al Presidente Uribe. Difícil encontrar otro gobierno en el cual un número tan significativo de los colaboradores más cercanos al Presidente, o están en la cárcel o en proceso de investigación.
La Corte Suprema de Justicia ha dado su veredicto y es más del ámbito de los abogados analizar posibles respuestas a las innumerables preguntas que se están haciendo distintos sectores del país. Entre ellas, ¿qué tan legítima es la reelección Presidencial y, de paso, qué tan legítimo el segundo período de Uribe?
Claro que el hoy Senador Uribe ha salido a decir públicamente que esto es parte de la persecución política que el Gobierno y, debe ser en este caso, La Corte, han entablado contra él. Pero lo que hay detrás de esto es muy grave.
Un número tan significativo de altos funcionarios de ese Gobierno, entre ellos tres ministros, embajadores, secretarios de la Presidencia, directores del DAS etc., estén literalmente en la picota pública, solo puede interpretarse como la existencia de una administración laxa, por decir lo menos.
Este caso de la Yidispolítica es el más reciente. Llevó a tres personajes de su gobierno a la cárcel -y no por hechos menores-, y puede encontrarse, sin duda, con el argumento de que esta práctica de cambiar aprobaciones por puestos no es nada nuevo.
Claro que Colombia es un país clientelista pero, en este caso, no salieron impunes porque lo que estaba en juego eran muchos elementos. El primero, que no pueden condenar a una persona, Yidis Medina, por cohecho, y que no le pase nada a la contraparte.
Antes se demoraron en redondear este delito. En segundo lugar, lo que estaba en juego en este caso no era una norma cualquiera sino un cambio de la Constitución Política de 1991 que beneficiaba directamente al Presidente Uribe. No midieron las consecuencias y creyeron que el poder de Uribe en ese momento era infinito y, por consiguiente, suficiente.
Son muchos los casos tristes de personas que conocemos, que han sido nuestros amigos y que han desempeñado tareas importantes en el país, tanto en el gobierno como en el sector privado, que cometieron el pecado de creer que sus jefes, Presidente o en otros casos, Ministros, podían desconocer o cambiar para su propio beneficio, las normas existentes.
A alguna gente joven y valiosa le pasó esto, con el hoy prófugo de la justicia colombiana, ex Ministro Andrés Felipe Arias, y ahora a Sabas, Diego y Alberto. A todos ellos les sucedió lo mismo nada menos que con el Presidente Uribe. Muy triste historia a la cual le faltan otros capítulos desastrosos.
En síntesis, lo que está detrás es una administración que se creyó el cuento de que la popularidad de su cabeza lo permite todo. Dura, pero buena lección para el país y particularmente para los clientelistas que abundan en esta sociedad.