En la convocatoria de las elecciones legislativas que corresponde este año en Venezuela se asoma un doble rasero que, según los pronósticos más esperanzadores, puede destrabar la crisis política o, por las últimas movidas de cada bando, atizar la confrontación entre el Gobierno y la oposición.
En 2020, por ley, el país debe elegir a nuevos miembros de la Asamblea Nacional, AN, Parlamento, que, al menos numéricamente, la oposición controla por amplio margen desde enero de 2016, sin que esto se haya traducido en un poder real contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro que considera a la Cámara en desacato.
Esta apreciación, sin embargo, está a punto de cambiar, pues no hay nadie más interesado en reconquistar el dominio parlamentario que el oficialismo y en ese afán el Gobierno inició una hambrienta precampaña en todo el país aunque hasta ahora los ciudadanos no saben cuándo votarán, con cuáles garantías ni por quién.
Lo más definitorio del año será la elección de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, Cne, el árbitro de las votaciones que hasta ahora integran una mayoría cercana al Gobierno que han sido acusados dentro y fuera de Venezuela de favorecer a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.
La designación de los rectores electorales es una competencia exclusiva del Parlamento que parece escapársele de las manos debido a la reciente disputa por la presidencia legislativa entre el líder opositor Juan Guaidó y el disidente de su coalición Luis Parra, respaldado por el chavismo.
Esto favorece al Ejecutivo, pues entraría en juego la controvertida idea de omisión legislativa, según la cual la AN fue incapaz de acordar con 112 de los 167 votos las designaciones y por ende, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha cerrado filas en torno a Maduro, asumiría ese rol por tercera vez.
Desde el año pasado, el Parlamento trabaja, con todas las de la ley y participación de oficialistas, en esta tarea que podía llegar a buen puerto en febrero, pero ahora quienes respaldan a Parra como jefe de la Cámara descartan la viabilidad de este mecanismo.
El portavoz del oficialismo en el Legislativo, Francisco Torrealba, ya dijo que no hay condiciones para que se logre un acuerdo dentro del Parlamento por lo que la comisión de diputados que venía trabajando en el tema ha quedado en el limbo.
El Gobierno y un minúsculo sector opositor participan desde hace meses en una mesa de diálogo, cuya funcionalidad o representatividad no es reconocida por el grueso del antichavismo pero que ha venido debatiendo en paralelo lo relacionado con los comicios legislativos.
Aunque el chavismo insiste en acudir a las urnas cuanto antes y está desplegado en mítines como si las elecciones fueran mañana, la organización de estos comicios requiere un tiempo que, aun cuando las nuevas autoridades del Cne actúen de manera expedita, no será menor a 120 días.
El Gobierno, en cambio, ha mostrado su lado más conciliador este mes al proponer que las votaciones de realicen a más tardar en el tercer trimestre y no en el primer semestre del año como temía la oposición que ocurriera en vista de la sed electoral que ha mostrado el oficialismo hasta ahora.
Maduro ha ofrecido las más amplias garantías para tal jornada, así como que esta transcurra con puertas abiertas al acompañamiento internacional de Naciones Unidas y la Unión Europea, UE, excepto la Organización de Estados Americanos, OEA, a la que el chavismo acusa de injerencia en el país sudamericano.
Los negociadores que hacen contrapeso al Ejecutivo, señalados de colaboracionistas del régimen por la mayoría opositora, exigen que todos los partidos políticos sean habilitados para participar en las votaciones y se tomen otras medidas, todavía en discusiones, para evitar el ventajismo oficialista que han denunciado en el pasado.
Guaidó, reelegido este año como presidente del Parlamento con 100 de los 167 votos en juego, no ha dado señales de cambios en el camino que ya emprendió la cámara para designar a los rectores electorales, y que puede convertirse en letra muerta en vista de la imposibilidad del Legislativo de materializar sus decisiones.
Mientras tanto, algunos de los partidos más grandes de la oposición se han venido preparando para ir a las urnas, y aunque públicamente aseguran que su meta es repetir las cuestionadas presidenciales de 2018 en las que Maduro fue reelegido, el chavismo asegura que acudirán a las legislativas de este año.
