La impunidad perpetua para Evo Morales

Editorial
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En Bolivia salió el dictador pero no la dictadura. El sistema de delincuencia organizada, implantado por Cuba y Venezuela en el modelo castrochavista de posesión absoluta del poder, mantiene su asamblea legislativa dictatorial con dos tercios de votos y todo el sistema judicial bajo su control.
En estas condiciones, la transición a la democracia no avanza y puede terminar en una cruel simulación. Evo Morales, cuya principal característica es la politización de la violencia en defensa del narcotráfico, está logrando impunidad perpetua, como lo prueban la amnistía de 2003 que la presidenta Janine Añez no deja sin efecto y ahora la ley de impunidad aprobada por el legislativo dictatorial.

Evo Morales se inserta en la vida pública de Bolivia a finales de los años 1980 como dirigente cocalero de los cultivadores de coca ilegal del trópico de Cochabamba, zona del Chapare. La defensa de la coca, como materia prima para la cocaína, siempre fue un acto al margen de la ley y para ejecutarla la estrategia utilizada es la “politización de la violencia en defensa del narcotráfico”.

Revestir el cultivo de coca ilegal y la fabricación de cocaína, como reivindicación social de los relocalizados, y luego convertirla en conflicto permanente con bloqueos de caminos, marchas, confrontaciones, heridos y muertos, hasta comprarse la sigla de un partido político -el Movimiento al Socialismo MAS una facción de la Falange Socialista Boliviana de derecha- para encubrir sus acciones criminales, es el exitoso método que digitado por Cuba y luego Venezuela hicieron de Evo Morales el dictador que controló Bolivia por casi 14 años.

La historia que los castrochavistas y apologistas de Evo Morales ocultan es la de “Evo mata”: durante más de 30 años el dirigente cocalero realiza permanente provocación, creación de conflictos, agresiones a la sociedad boliviana, violación de la ley, alteración el orden público, asesinatos selectivos como el de los esposos Andrade, violencia, crímenes colectivos y confrontaciones periódicas con resultados sangrientos en Bolivia, para luego acusar de ellos a los gobernantes de turno.

La violencia premeditada de Evo Morales como mecanismo para construir poder, desestabilizar gobiernos y luego negociar con permanente impunidad, abarca 9 gestiones de gobierno, las presidencias de Jaime Paz Zamora por 4 años, Gonzalo Sánchez de Lozada por 4 años, Hugo Banzer Suárez por 4 años, Jorge Quiroga por 1 año, segundo mandato de Sánchez de Lozada por 1 año 2 meses derrocado el 2003, Carlos Mesa por 1 año y 7 meses, Eduardo Rodríguez por 6 meses, la dictadura de Evo Morales 13 años 9 meses y ahora la presidencia interina de Janine Añez. Esto incluye más de 40 ministros del Interior, Gobierno y Defensa.

En todos los gobiernos desde Paz Zamora hasta Añez, sin excepción, hubo y hay, por el tema de la coca/cocaína, múltiples agresiones, bloqueos, confrontaciones, heridos, muertos, amenazas, negociaciones e impunidad para Evo Morales el líder de estos crímenes. Un ritual macabro que amenaza a los gobernantes democráticos de Bolivia, extorsionados entre cumplir sus obligaciones de vigencia del estado de derecho o terminar acusados por los crímenes que comete y manda cometer Evo Morales por los que luego imputa a sus víctimas. Cambiaron 9 presidentes y más de 40 ministros pero la situación siempre se repite con un actor permanente llamado Evo Morales.

Ahora en 2019, luego de su salida del poder, está demostrado que Evo Morales, como ciudadano común, desde México dirige terrorismo, sedición, conspiración y la misma violencia que ha practicado por 30 años con sus fuerzas defensoras del narcotráfico. Pero también se cubre de impunidad con una ley que su “legislativo dictatorial” ha aprobado bajo el título de “ley de garantías constitucionales” para impedir el enjuiciamiento y sanción del ex dictador prófugo y sus coautores, cómplices y encubridores.

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