21N, ¿cuál es el país que queremos?

Editorial
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La marcha del 21 de Noviembre -21N-, se ha convertido en el tema de opinión en el que se han centrado los medios de comunicación tanto del nivel local como nacional durante las últimas semanas.
Aunque esta situación es de interés público, ha tomado sin embargo, una connotación extraordinaria en la medida en que más se aproxima su fecha. Lo que en un principio sería una más de las manifestaciones por medio de la cual algunos sectores socioeconómicos expresarían su inconformidad frente a aspectos puntuales o situación general del país, parece haberse convertido en una amenaza desestabilizadora para el gobierno de Iván Duque.
Lo anterior no es del todo infundado, pues no debemos desestimar que geopolíticamente estamos en medio de un movimiento social y político, que en medio de los altos niveles de polarización alcanzados en el país, son un caldo de cultivo propicio para una crisis. A esto se suma, la oportunidad que la marcha del 21N ha abierto para algunos sectores políticos, intenten pescar en río revuelto; bien sea para presionar al Gobierno Nacional en favor de intereses particulares o con el ánimo de fortalecerse políticamente para las próximas elecciones presidenciales.
Está claro que la protesta es un derecho ciudadano y hasta ahora nadie ha salido a decir lo contrario. Pese a esto, la del 21N ha tenido la particularidad de ser muy cuestionada. Están, quienes rechazan las medidas que ha previsto el Gobierno Nacional para el 21N, al considerar que son extremas y que buscan intimidar a los marchantes. Lo cierto es que la situación de polarización y los resultados de las últimas movilizaciones en las grandes ciudades, son muestra de que se amerita no correr riesgos de seguridad por el bien de los que marchan, por el de los que decidieron no hacerlo y por los territorios en general. Por otro lado, están quienes consideran que la marcha es producto de la manipulación de la información por parte de sectores políticos opositores, que canalizan el descontento acumulado de la ciudadanía por años, para hacerlo detonar en el actual Gobierno.
A quienes decidan ejercer su derecho a manifestar, se les demanda que tengan el compromiso con ellos mismos y con el país, de hacerlo de manera respetuosa y pacífica. Demostrar con civismo, que el propósito de la movilización es alzar la voz y dejar un mensaje diáfano al Gobierno y al resto de la sociedad sobre sus cuestionamientos. Así mismo es importante que los manifestantes, defiendan la independencia de su movilización, como fruto legítimo de la ciudadanía, que si bien tiene un carácter político, no obedece a fines partidistas ni electoreros al servicio de unos cuantos caudillistas que buscan hacerse medir en este tipo de ocasiones.
El 21N, no debe tratarse ni interpretarse como un plazo para medir fuerzas, retar o intimidarse entre quienes apoyan o cuestionan el actual Gobierno. Todo lo contrario, este debe interpretarse como un alto en el camino para expresar, escuchar y pactar.
Ahora bien, lo que no queda claro hasta ahora frente al 21N, son los cambios que demandan los manifestantes. Se escuchan reclamos desarticulados y en algunos casos inconsistentes, que lo que generan es ruido. Contrario a esto, sería muy provechoso que tanto los marchantes, como el Gobierno, hubieran despejado a estas alturas, cual es el objetivo de la movilización. ¿Es que acaso lo que se busca es cambiar el modelo económico del país? Cabría entonces preguntarse seguidamente, si esto lo que conviene a la economía nacional, a pesar de que durante los últimos años las grandes economías del mundo -entre esas la rusa y la china- han decidido aplicar los principales postulados del Libre Mercado. ¿Es la protesta el camino para negociar con el Gobierno los cambios que se requieren?
Sin resolver dudas como estas, difícilmente se podrá valorar la efectividad del 21N. Más allá de la efervescencia de la movilización, deberíamos preguntarnos con cabeza fría ¿cuál es el país que queremos?

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