Una de las aseveraciones que se hace a nivel nacional y con todos los instrumentos para ratificarlas es que el narcotráfico quiere que la paz de Colombia fracase para poder mantener el control de las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos y poder financiarse para seguir sembrado violencia y terror en Colombia.
Hay algunos que quieren que el proceso falle y tal vez por eso lo critican tanto; los enemigos del proceso están claros, son los narcotraficantes, aquellos que no quieren que haya desarrollo en las zonas en las cuales ellos tuvieron el control y hoy están destruyendo, quieren destruir esos anhelos de paz.
Entre los enemigos de la paz están a los exjefes de las Farc “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, que en agosto anunciaron su regreso a las armas en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana. Ellos tienen una clara relación con grupos de narcotráfico que quieren imponer su ley de sangre y fuego en las regiones que buscan la paz, de ahí se derivan todos los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados.
El rearme de Márquez al mando de una veintena de disidentes como es una contradicción ya que él fue uno de los negociadores del proceso y es él mismo el que quiere destruirlo; por eso, a los críticos del Gobierno en materia de paz se recomienda ir a las regiones a verificar que esto sí se está implementando y piden no olvidar que el acuerdo fue diseñado para ser implementado en al menos tres gobiernos, estamos hablando de doce años.
La política del Gobierno es negociar con aquel que muestra verdadera y genuina voluntad de paz; pese a ello, no es viable, al menos por ahora, que Colombia deje de reclamar a Cuba la extradición de los negociadores del Eln que están en la isla y a los que se les acusa de terrorismo por el atentado contra la escuela de la Policía en Bogotá que en enero pasado dejó 22 cadetes muertos.
En esta guerra del narcotráfico no sólo se mata a los indígenas; también fueron asesinados ciudadanos del común en cumplimiento de su deber, afrocolombianos y campesinos, en todo el país y eso es consecuencia de varios problemas que han envejecido muy mal, como la conflictividad por la tierra.
A ese problema hay que sumar el narcotráfico; hay corredores donde los grupos armados, las disidencias de las Farc, tienen una presencia grande y siguen asesinando para desestabilizar el proceso de paz y echarle toda la culpa al actual gobierno. Quienes están asesinando son los narcotraficantes, con grupos guerrilleros y disientes porque hace parte de una cadena de alimentación de la guerra de aquellos que no quisieron unirse al proceso.
Es la misma persecución que sufren los líderes sociales, cerca de 700, de los cuales han sido asesinados desde la firma de la paz, porque ellos, muchos de ellos, han tomado la decisión de estar en la legalidad en espacios donde hay cultivos ilícitos.
La mala intención de los violentos en armas, se mostró en el fallecimiento de ocho menores de edad en el bombardeo a un campamento de disidentes de las Farc, en donde se tiene que decir como una verdad auténtica, el primer atentado es seguir secuestrando y reclutando menores de edad. Esa es la denuncia que hay que atacar y condenar con ejemplaridad, ya que desde hace muchos años es el reclutamiento de menores, una de las conductas punibles, castigables, más importantes de identificar.
Vale la pena aclarar, que desde 2002 hasta febrero pasado, 5.348 niños y adolescentes fueron rescatados de las filas de los grupos armados ilegales; a ellos hay que sumar 8.730 que ingresaron siendo niños en estos grupos pero que salieron ya adultos y de ahí se está hablando de más de 13.000 personas y por supuesto eso se sigue reflejando en la manipulación y el uso que quieren hacer los grupos armados de estos niños.
