El paquete de medidas anunciado por el presidente Sebastián Piñera no ha logrado rebajar la tensión en las calles y genera escepticismo sobre su capacidad para generar cambios profundos que disminuyan la desigualdad socioeconómica, el telón de fondo del estallido social en Chile.
Las manifestaciones y protestas violentas, que se intensificaron y han dejado 18 muertos, cuatro de ellos extranjeros, más de 500 heridos y casi 2.500 detenidos, han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Piñera, que pidió perdón y presentó una agenda social.
El presidente chileno decidió intervenir algunos puntos del modelo político, económico y social que provocan más rechazo en la ciudadanía, como las bajas pensiones, los altos precios de los medicamentos y la precaria salud pública. La agenda contempla un alza del 20 % de las pensiones que el Estado entrega a los jubilados en situación más vulnerable, lo que beneficiará a más de 1,5 millones de pensionados.
También anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, unos 482 dólares, que complemente el salario de los trabajadores que no cobren el sueldo mínimo y una subida de impuestos para las rentas más altas. Piñera quiere bajar también el salario de los parlamentarios, que cobran más de 12.000 dólares brutos al mes, limitar la reelección y reducir el número de congresistas.
Las medidas recogen varios de los temas que más indignan a los ciudadanos chilenos, pero el anuncio del mandatario no logró calmar la agitación que se respira desde hace casi una semana y que empezó con protestas por el alza del precio del pasaje del metro de Santiago.
Cientos de miles de personas se han manifestado en las principales ciudades del país en un nuevo pulso ciudadano contra el Ejecutivo de Piñera; ningún anuncio del Gobierno hubiese tenido un efecto total e inmediato en la coyuntura actual, aunque la propuesta de Piñera es un paso en la dirección de buscar una solución. Este es un avance que permite iniciar el diálogo, empezar a escucharse nuevamente y debatir con menos estridencia sobre iniciativas concretas. Eso es fundamental para bajar gradualmente la tensión. La agenda se hace cargo parcialmente de buena parte de las inquietudes de la gente que protesta, aunque hay que esperar a ver el detalle para juzgar su alcance efectivo.
Piñera debe entender que la crisis no es solamente un problema de seguridad pública, aunque las medidas de la agenda social son insuficientes. Lo que está detrás de esta protesta social son medidas mucho más estructurales, como la reforma de las pensiones, la reforma tributaria, el Código de Aguas, la jornada laboral de 40 horas, que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente.
La estrategia del Gobierno consiste en financiar algunas medidas específicas sin llegar al fondo de los problemas, y esperar a que las movilizaciones sociales se desgasten con el paso de los días.
Lo que es innegable, es que el estallido social marcará a fuego el segundo Gobierno de Piñera, especialmente por la militarización del país, con toques de queda en varias ciudades y los militares en las calles a cargo del orden público, algo que no ocurría desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Para otros las propuestas del Gobierno son un esfuerzo importante y responsables desde el punto de vista fiscal no se puede caer en el populismo de prometer cambios más profundos que no se pueden cumplir ya que para ciertos sectores nunca nada va a ser suficiente. Hay que conversar con lo que hoy se ha propuesto pero de una vez por todas avanzar en las reformas legales que se han planteado.
