El país asiste hoy a una nueva cita con la democracia, la cual a pesar de sus defectos e imperfecciones, no deja de ser el mejor sistema de gobierno posible.
Una de estas innovaciones, es la aprobación del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el cual tiene como propósito, establecer “el marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes”. Esta ley, a pesar de haber sido aplicada en el orden nacional a partir de las pasadas elecciones presidenciales y de congreso, sus efectos y alcances están todavía en proceso de conocimiento y asimilación por parte de las instituciones, actores políticos y la ciudadanía en general en el país. En este sentido, su aplicación en el orden regional resulta de gran expectativa, pues ésta herramienta puede ser de gran utilidad para desarrollar una efectiva practica del control político en la escala local.
Además de la definición en la relación entre los partidos y los gobiernos locales, la mayor novedad del Estatuto de la Oposición es la consignada en su Artículo 25: “a los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones”.
En ese orden, el ejercicio de la oposición requerirá como lo indica el Artículo 7° de la citada Ley, que los partidos y/o movimientos declararen sus relaciones frente a los gobiernos. Para esto, deberán escoger entre ser una organización de gobierno, independientes u oposición. Por su parte, los candidatos que tengan el derecho de ocupar una curul en Asambleas y Concejos, deberán aceptar oficialmente dichas posiciones. Así las cosas, los electores que apoyaron a estos candidatos y/o partidos, tendrán el derecho de exigir a estos, que institucionalicen y lideren las posiciones políticas consecuentes con el carácter programático que impulsaron a través de sus propuestas, y en función de ello, asumir la defensa de sus intereses colectivos frente al gobierno.
Lo anterior, sin duda resultará de gran impacto en la política local, ya que se asegurará una representación, ejercicio y protección de sus derechos de oposición, o en dado caso, de independencia. Lo más probable, es que en adelante los periodos de gobierno se desarrollarán en medio de mayores retos de gobernabilidad, debate y pluralidad.
Es así como, en esta jornada electoral tendremos no solo la oportunidad de escoger gobiernos locales, sino la expectativa de que se constituyan nuevas fuerzas y relaciones -más claras y coherentes- en favor del equilibrio del poder político. Esto puede constituirse en un importante quiebre en el ejercicio democrático regional, lo que debería motivar a escépticos y abstencionistas a participar. De no ser así, esta franja del electorado tiene a su disposición el Voto en Blanco, tan respetable como cualquier otra opción para manifestarse políticamente.
Más allá de las encuestas, de la propaganda electoral y de todas las estrategias en que pueden incurrir las campañas para incidir en nuestras decisiones, somos los electores quienes tenemos la última palabra. En este sentido, la invitación de nuestra Casa Editorial para los colombianos y especialmente para los magdalenenses es, que salgamos en paz a participar de estos comicios, ejerzamos con convicción nuestro derecho a elegir y hagamos de este nuevo encuentro con la democracia, una oportunidad para contribuir conscientemente en la transformación de nuestros territorios.
