Práctica cruel y sistemática

Editorial
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El aborto forzado y la utilización obligatoria de anticonceptivos fue una práctica sistemática y generalizada en las Farc de la que niñas y mujeres fueron víctimas durante el conflicto armado, y lo más lamentable es que estos delincuentes se van a esconder en la Jurisdicciones Especial para la Paz, JEP, para evadir el castigo que se merecen, como autores de unos crímenes considerados entre los peores del mundo.

Poco a poco se van describieron las violaciones y toda clase de crímenes sexuales en la Farc ya que se ha determinado que entre esas prácticas hubo anticoncepción obligatoria y abortos forzados a los que estaban sujetas las mujeres, por parte del ex grupo guerrillero,

Estos hechos eran una práctica sistemática y generalizada, ya que hacía parte de las necesidades militares de esa organización; organismos internaciones han revisado en 11 informes de la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, todas estas prácticas y vejámenes.

Todovia no se ha avanzado en el tema de la paz, a pesar de que se tuvo en cuenta 10 fallos judiciales de cortes nacionales y cuatro de cortes internacionales, entre otros documentos, y escuchó el testimonio de Helena, una víctima de reclutamiento ilícito por parte de las Farc cuando tenía 14 años, así como de anticoncepción y aborto forzados. Y aún creen que se deben juzgar por la justicia que crearon y no por la justicia ordinaria, en donde recibirían castigos ejemplares.

Reclutamiento forzados hacen parte de los informes recogidos en donde se evidencia la violencia contra la mujeres que las obligaban a planificar con una inyección, aunque a veces, por cuestiones propias del conflicto armado, no tenían acceso a los métodos anticonceptivos necesarios y de acuerdo con los testimonio el aborto era una práctica común en las filas insurgentes; de hecho, en 2016 la Fiscalía colombiana documentó 232 casos de menores de edad reclutadas por las Farc que sufrieron violencia sexual y además se estableció que de esos casos el aborto forzado tuvo una prevalencia del 14 % y debido a lo anterior, las autoridades estiman que el promedio de abortos en las Farc fue de 1.000 al año.

Lo que se espera es que la JEP haga justicia en estos casos porque las violaciones a los derechos reproductivos constituyeron en el país un crimen de guerra y una grave violación de derechos humanos que no se puede ni amnistiar ni quedar en la impunidad. A la fecha, en Colombia existen tres sanciones relacionadas con violaciones a los derechos reproductivos en los grupos armados ilegales, pero ninguna contra las Farc.

Vale la pena aclarar que estas conductas fueron impuestas explícitamente desde la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros, que tuvo lugar en 1993, e implementadas por todos los niveles jerárquicos bajo la vigilancia del Secretariado, máxima estructura de las Farc. Estas prácticas servían a los objetivos políticos y militares del grupo armado pues el ejercicio activo en la tropa de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la gestación y el ejercicio de la maternidad.

Actualmente y a pesar de que muchas de las víctimas hicieron parte del proceso de desmovilización de las Farc, las afectaciones a la salud mental persisten e incluyen riesgos de suicidio, traumas y depresión.

La acción más representativa por parte de la Justicia colombiana para castigar a los responsables de los abortos se llevó a cabo el 22 de junio de 2017, cuando la Fiscalía llamó a juicio a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como “el enfermero de las Farc”.

En esa oportunidad, el ente judicial dijo tener pruebas suficientes para demostrar la participación de Arboleda en abortos que involucraron a menores de edad de la ex guerrilla. Dichos crímenes, que tuvieron lugar entre 1998 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, han sido considerados de lesa humanidad por la Fiscalía. Arboleda, que fue extraditado a Colombia el 9 de marzo de 2017 desde España, también habría realizado abortos en otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y el Ejército Revolucionario Guevarista, Erg, según testimonios de víctimas de esos grupos armados que lo reconocieron como autor de tales delitos.