La renuncia el martes de la nombrada presidenta encargada de Perú, Mercedes Aráoz, a apenas 24 horas de su nombramiento por parte del Congreso, ha profundizado una crisis política en el país, después de varios años de gobiernos interrumpidos y escándalos de corrupción.
El capítulo más reciente tuvo lugar el lunes, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, de mayoría opositora, tras una disputa con la legislatura sobre los nombramientos de jueces. Como respuesta, el Congreso lo destituyó y nombró a Aráoz como presidenta.
La situación ha volcado al país a la peor crisis constitucional en casi tres décadas.
Vizcarra llegó a la presidencia el año pasado después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pertenece al partido de centroderecha Peruanos por el Cambio, creado en 2014.
Casi todos los expresidentes peruanos con vida están implicados en el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht.
El partido Fuerza Popular, al que pertenece Fujimori, tiene la mayoría parlamentaria y acusa a Vizcarra de exceder en repetidas ocasiones sus poderes ejecutivos y de crear una crisis política falsa como distracción.
Vizcarra y el Congreso estaban enfrentados por una disputa sobre el nombramiento de jueces al Tribunal Constitucional. Según el presidente, el Congreso elegiría a magistrados convenientes a la hora de tomar decisiones sobre cualquier medida de Vizcarra en contra de legisladores.
El presidente dijo que el Congreso estaba llevando a cabo un proceso carente de transparencia y advirtió que disolvería al parlamento en caso de que continuaran con la selección de jueces.
Según la Constitución de Perú, un presidente puede disolver el Congreso si los legisladores rechazan dos votaciones de confianza durante su mandato.
Vizcarra argumenta que el primer rechazo ocurrió durante la renuncia de Kuczynski y que como él dio continuidad al mandato de su predecesor, la votación del lunes sobre la designación de magistrados constituyó el segundo rechazo.
El mandatario peruano había exigido la semana pasada al Congreso un voto de confianza y considerar enmiendas propuestas para limitar la influencia de políticos en la selección de magistrados.
Los legisladores opositores alegan que esta interpretación de la ley es anticonstitucional y deben contarse únicamente los rechazos evidentes de los votos de confianza.
Los legisladores de Fuerza Popular se rebelaron contra el decreto de disolución de Vizcarra y prosiguieron con una votación para suspenderlo del gobierno por un año.
Entonces juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como la líder legítima del país. Aráoz se distanció recientemente de Vizcarra debido a las intenciones del mandatario de convocar a elecciones generales en 2020, una idea que rechaza la oposición.
El presidente asegura que las elecciones anticipadas son la mejor manera de sacar al país del estancamiento con el Congreso. La medida es popular entre los peruanos, que han perdido la confianza en los funcionarios electos.
El ejército y los gobernadores del país han expresado su respaldo a Vizcarra, mientras que aparentemente Aráoz cuenta con el apoyo de importantes grupos de la iniciativa privada.
Se espera que la Corte Constitucional deba emitir un fallo sobre la disputa entre Vizcarra y el Congreso. La Organización de Estados Americanos llamó el martes al tribunal a pronunciarse sobre la disputa.
Vizcarra cuenta con amplio apoyo entre la población y un sondeo arrojó que el 75% de los peruanos está a favor de la disolución del Congreso.
Sin embargo, en caso de que el Congreso prevalezca, los legisladores continuarán en sus puestos hasta julio de 2021 y posiblemente tomen medidas para destituir a Vizcarra.
Los analistas advierten de un alto riesgo de inestabilidad social, en especial si el Tribunal Constitucional falla a favor del Congreso y se cancelan las elecciones legislativas anticipadas.