El aumento del desempleo, los indicadores de delincuencia y el creciente rechazo de los peruanos ante la inusitada ola migratoria han llevado a que el Gobierno de Perú opte por cambiar su política y exija una visa a los venezolanos para su ingreso.
Un cambio notorio dado en dos años y medio, tiempo en el que se han establecido en Perú más de 800.000 venezolanos, y luego de que en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018, se les animara a venir e incluso se diseñara para ellos un Permiso Temporal de Permanencia, PTP, a inicios de 2017, que les permitía trabajar o estudiar en Perú sin mayores trámites. Esta situación que vive Perú no es ajena a Colombia; al contrario, es más apremiante en nuestro país, donde ya hemos recibido casi dos millones de migrantes. La situación en Perú es una radiografía en Colombia.
Este experimento migratorio de Perú, un país que tiene al 21,7 % de su población en situación de pobreza y acostumbrado a emigrar más que a recibir inmigrantes, llegó a su fin con la entrada en vigor de los requisitos de pasaporte y visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al Perú.
El anuncio cayó mal más cuando se dio la deportación del tercer grupo de ciudadanos venezolanos, quienes habían ingresado con documentación falsa u ocultando sus antecedentes delictivos. Ahora, el problema es que se le han atribuido a los venezolanos el incremento de la delincuencia en el país debido a la masiva inmigración de ciudadanos venezolanos.
Precisamente el aumento de la delincuencia, uno de los más graves problemas del país desde antes de la llegada de venezolanos, influyó en el incremento paulatino de la percepción negativa de la inmigración venezolana a Perú, que según una encuesta publicada en abril pasado llegó al 67 %.
Entre las principales razones, los encuestados señalaron que la migración masiva de venezolanos aumenta la delincuencia y las actividades delictivas (54 %), le quita los puestos de trabajo a los peruanos (46 %), aumenta la informalidad (44 %), trae desorden a la ciudad (38 %) y afecta la economía peruana (36 %).
Lima ha sido la principal ciudad receptora de ciudadanos venezolanos y también la que ha registrado un mayor incremento de desempleo en el trimestre de febrero a abril de 2019, al ubicarse en 7,3 %, la tasa más alta registrada en similares trimestres móviles de los últimos diez años.
Al pasear por la ciudad se hace evidente la presencia masiva de trabajadores y migrantes venezolanos, que desde que comenzaron a llegar al país coparon puestos de trabajo antes ocupados por peruanos. Cafeterías, tiendas, y negocios de todo tipo son ahora atendidos por venezolanos, a quienes se señala de trabajar por menos dinero y ser informales.
La visa humanitaria, por ello, ha sido considerada como una medida de prudencia y como una valoración de que, pese a que llegan muchos ciudadanos venezolanos preparados a Perú, no hay espacio suficiente para colocarlos en puestos de trabajo adecuados.
La medida, no obstante, fue también criticada por diversos organismos internacionales defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que consideró que está demostrado que este tipo de exigencias resultan ineficientes para controlar la movilidad humana.
