Las dos caras del ambientalismo para el Magdalena

Editorial
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En días anteriores la Unidad de Parques llamó la atención de las autoridades sobre la invasión que realizaron al menos 200 personas en la zona del Parque Vía Salamanca, un hecho que sin duda resulta preocupante para la sostenibilidad ambiental de este territorio que fue declarado además Reserva Ramsar de la Biosfera; categoría que pocas áreas ambientales pueden ostentar en el mundo.

La invasión no es sin embargo, un hecho aislado del cual no se tenga antecedentes, pues esto se ha presentado en varias ocasiones durante los últimos años, evidenciando la vulnerabilidad del área frente a este tipo de intervenciones.

Este tipo de acciones sistemáticas, hay que decirlo, han tenido cabida especialmente a partir de la expedición de la resolución 0472 del 18 de junio de 1998 “Por la cual se recategoriza y se redelimita el Parque Nacional Natural de la Isla de Salamanca”, la cual fue suscrita por el entonces Ministro del medio Ambiente, Eduardo Verano de la Rosa, hoy Gobernador del Atlántico. Esta norma dispuso a través de la figura de “redelimitación”, que se excluyera el área que conectaba al Parque con el río Magdalena, el cual era precisamente su límite, tal y como se estableció en el Acuerdo 283 de 1985. 

Con esta resolución prácticamente se facilitó un acceso irregular para ocupar áreas del Parque que son de gran interés especialmente para el Atlántico, ya que estás cuentan con las condiciones estratégicas para el desarrollo portuario que le son esquivas al puerto de Barranquilla. Igualmente se terminó debilitando la disponibilidad de recursos legales para proteger el territorio de este tipo de invasiones, ya que una vez estas áreas quedaron excluidas, perdieron los derechos de inalienabilidad e imprescriptibilidad que ofrece el dominio del Estado.

Por otro lado, la norma dejó abierta una tensión desde el punto de vista de la gobernabilidad del territorio, pues el impacto de acciones en el área de conservación y sus zonas conexas, no se queda en el Magdalena, sino que se trasladan hasta el área metropolitana de Barranquilla, generando afectaciones ambientales como las derivadas por las permanentes quemas.  

Contrario a este lesivo y soterrado proceso, en el Parque Tayrona donde fue planteada la propuesta para redelimitar su área con el fin de desarrollar en Bahía Concha un puerto de aguas profundas, que necesariamente deberá estar sujeto al cumplimiento de las reglamentaciones y normatividad para su construcción y operación, esto ha sido objetado de forma vehemente, especialmente por comunidades de ambientalistas que si bien plantean en sus argumentos la protección de los recursos eco sistémicos, desconocen también la necesidad de la ciudad y del país, de contar con dicha infraestructura para la competitividad logística del comercio exterior.

Este desarrollo portuario, implicaría para la ciudad de Santa Marta la oportunidad de generar una mayor capacidad instalada, aprovechando las ventajas del calado natural que tiene esta zona y que no la ofrece ninguna otra en el país. Esto sin contar con lo que en términos de empleo directo e indirecto se generaría. Aunque esta zona se encuentra actualmente en terrenos privados, el Estado cuenta con instrumentos de gestión predial adecuados para adquirirlos por el interés público, de forma que este proceso no implique la especulación del suelo ni el beneficio irregular de los propietarios de los mismos.

Estos dos casos nos plantean que hay al menos dos caras en la moneda del ambientalismo para el Magdalena, pues mientras por el lado del Parque Isla Salamanca, se vulneró su integridad territorial y se dejó más expuesto a las intervenciones antrópicas, sin que medie una regulación clara para el desarrollo de estas; en el caso del Parque Tayrona, se va al otro extremo, pues se bloquea la posibilidad de un desarrollo ordenado en función de la competitividad regional y nacional y sobretodo con beneficios sociales, por cierto, fundamentales para la sostenibilidad del territorio.

El Magdalena y especialmente Santa Marta que está rodeada de parques naturales, necesita una línea clara para su desarrollo y especialmente para el aprovechamiento de sus recursos; el país y los intereses nacionales no pueden condenarnos a contemplar nuestras riquezas naturales sin oportunidad de aprovechamiento ni compensación alguna.

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