El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió ayer miércoles 100 días al frente de un Gobierno que todavía intenta construir una base parlamentaria, cuyo proyecto aún no está totalmente definido y con una popularidad que cae a paso redoblado.
El ultraderechista capitán de la reserva del Ejército se impuso en las elecciones de 2018 con un duro discurso contra la política tradicional que ahora le pasa factura en un Congreso atomizado, en el que la falta de una coalición sólida dificulta el trámite de las más importantes propuestas del Gobierno.
Entre ellas, una polémica reforma que endurecerá el acceso a las jubilaciones y de la que depende la confianza del mercado financiero en Bolsonaro, cuyo Gobierno tiene ese proyecto y las privatizaciones como únicos planes para recuperar una economía que entre 2015 y 2016 cayó un 7 % y desde entonces sólo crece a un insuficiente 1 % anual.
Mientras esa reforma no avanza, la tasa de desempleo sigue en torno al 13 % y el Gobierno carece de políticas claras para recuperar los empleos que no tienen unos 13 millones de brasileños, incluidos en una legión de pobres calculada por el Banco Mundial en cerca de 50 millones de personas.
Aunque la oposición de izquierdas es casi testimonial en un Parlamento dominado por el centro y la derecha, que sintonizan en buena medida con la línea ideológica de Bolsonaro, los partidos exigen mayor participación en un Gobierno de claro tinte militar.
Ocho de los 22 ministros proceden de las Fuerzas Armadas, pero además hay decenas de militares en altos cargos que en el llamado “presidencialismo de coalición”, que funcionó en Brasil hasta ahora, eran distribuidos entre diversos partidos a fin de asegurar una base parlamentaria que Bolsonaro aún no tiene.
Junto a los militares, están en el Gobierno otras variopintas tendencias del arco de derechas que no terminan de conversar entre sí y cuya falta de armonía parece dejar en evidencia la ausencia de un proyecto único y genera tensiones en el propio oficialismo.
Ejemplo de ello es la intención de Bolsonaro de mudar la embajada del país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, un movimiento de corte netamente ideológico y religioso apoyado por el ala evangelista del Gobierno pero resistido por el poderoso sector agropecuario, que lo percibe como una amenaza para sus negocios con el mundo árabe.
Aunque Bolsonaro insiste en que su Gobierno no está guiado por ideologías, es claro su alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump, que escogió como primer destino para una visita oficial.
Luego estuvo en Chile, para la constitución de un nuevo mecanismo de integración suramericana de tendencia conservadora, y en Israel, con lo que configuró el vuelco de una política exterior que se aleja del eje “sur-sur” y relega al Mercosur, a China y a la Unión Europea (UE), todos tradicionales e importantes socios del país.
Las discordias en el oficialismo por los asuntos más estrictos de la política han llevado a Bolsonaro a destituir a dos de sus ministros civiles en sus primeros 100 días: el de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, y el responsable de Educación, el colombiano nacionalizado brasileño Ricardo Vélez Rodríguez.
Pero el propio mandatario también ha alimentado polémicas con su febril actividad en las redes sociales, usualmente secundado por tres de sus hijos: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos Bolsonaro.
El malestar causado por controversias nacidas en las redes ha sido considerado “innecesario” por aliados de Bolsonaro y uno de ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, llegó a declarar que el gobernante debe “salir del Twitter e ir a la vida real”, pues su Gobierno parece un “desierto de ideas”.
Muchas de esas polémicas en internet han estado relacionadas con la prensa y los periodistas, blancos de continuas descalificaciones por parte de Bolsonaro, que ha optado por mantener una “comunicación directa” con sus seguidores a través de las redes.
