La asignatura pendiente

Editorial
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Sin lugar a dudas, Iberoamérica ha experimentado grandes avances en materia de educación, ciencia, cultura y tecnología en los últimos años, a pesar de lo cual continuamos enfrentados a muchos y complejos retos.

La violencia escolar persiste como una apremiante preocupación de la comunidad educativa y las sociedades. Hablar de calidad educativa supone contar con entornos escolares seguros y significativos, desde donde se construyan nuevos referentes de convivencia pacífica en un marco de inclusión, equidad e igualdad. De este modo, el fortalecimiento de la convivencia, el respeto a la diversidad y los valores democráticos en y desde las escuelas se erige como desafío prioritario para la próxima década.

Para lograrlo, es necesario asumir el trabajo de la convivencia escolar como prioridad pedagógica y requisito imprescindible, y no negociable, para la mejora de la calidad educativa, asegura Berenice Pacheco-Salazar, especialista en Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en República Dominicana
“Culpar a las familias, las comunidades o los medios de comunicación por los elevados índices de violencia en nuestras sociedades solo conduce a la pasividad e indiferencia de la escuela, y no a soluciones efectivas. Los centros educativos están llamados a desempeñar un rol social activo en la reducción de las desigualdades y en la generación de modelos alternativos de convivencia armónica”, asegura la experta.

Asimismo, se requiere comprender el fenómeno de la violencia escolar desde una mirada integral, identificando las condiciones estructurales y culturales que la generan y perpetúan, sus diversas y complejas manifestaciones, las distintas direccionalidades en las que ocurre y su interconexión con otras expresiones de desigualdad y discriminación.

Por ejemplo, agrega Pacheco-Salazar, aquellas sustentadas en raza, género, clase social, edad, creencias, nacionalidad, orientación sexual, aspecto físico, discapacidad o diversidad funcional, capacidades cognitivas. Poner el foco únicamente en los episodios de ‘bullying’ impide ver, nombrar y, por tanto, erradicar otros tipos de violencia que también se gestan y ocurren en la escuela. En ese sentido, es fundamental la formación del profesorado en la comprensión profunda de las causas y manifestaciones de la violencia escolar y en el manejo de estrategias para detectar, atender y prevenir las distintas manifestaciones de violencia escolar desde destrezas innovadoras, inclusivas y eficaces coherentes con la realidad de sus propios contextos.
Es necesario, además, implementar programas para el desarrollo de competencias socioemocionales de las y los docentes, y fortalecer la educación en derechos humanos en y desde las escuelas como principios fundamentales de la convivencia pacífica y la justicia social.

También hay que mejorar la gestión escolar. El objetivo de todo proceso educativo es contribuir al crecimiento integral de las personas. Para lograrlo, los centros escolares han de ser espacios abiertos e inclusivos, y esto implica que existan mecanismos de participación real del estudiantado en la toma de decisiones y por la creación de espacios que fomenten el diálogo como vía de resolución de conflictos. La escuela se convierte así en un lugar privilegiado de formación para la ciudadanía y en un laboratorio de construcción de nuevas formas de relacionamiento y, por tanto, de ejercicio democrático.

Junto a esto, es fundamental accionar trabajando directamente con el alumnado desde las herramientas del arte, la expresión creativa y el diálogo reflexivo, a fin de desarrollar las competencias socioemocionales y la formación en valores que les permitan asumirse y accionar como ciudadanía crítica y responsable. Finalmente, hay que resaltar la importancia de aprender y articular las iniciativas de construcción de ciudadanía y convivencia escolar que se vienen desarrollando en nuestra región, como oportunidad para profundizar y fortalecer las buenas prácticas, aprender de ellas y contribuir a asegurar el derecho a una educación de calidad como imperativo para el desarrollo de nuestras sociedades.

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