Más de 10 días llevan los bloqueos por parte de grupos indígenas y campesinos en la vía Panamericana, que conecta el centro con el sur del país y del continente.
Las razones ya han sido ampliamente difundidas, siendo la principal el incumplimiento de acuerdos por parte de los gobiernos anteriores frente a compromisos que, de acuerdo con datos del Consejo Regional Indígena del Cauca publicados en Revista Semana, ascienden a los 3.6 billones de pesos.
Vamos por partes. En el caso de los incumplimientos, debe tenerse en cuenta que muchos de los acuerdos que han firmado los pasados gobiernos se centran en la compra de tierras para constitución y ampliación de resguardos indígenas. Esto no es un tema menor si se tiene en cuenta que ya en el departamento del Cauca han sido varios los enfrentamientos entre privados y miembros de pueblos indígenas por tierras que legalmente pertenecen a los primeros, quienes no siempre quieren vender. Son varias las ocasiones en las que empresarios y ciudadanos han tenido que acudir a la Fuerza Pública para defender su derecho a la propiedad privada. Sin embargo, en algunos casos documentados como el de la Hacienda García Arriba en Corinto, Cauca, los miembros de los grupos étnicos han asegurado que son como el pueblo de Israel, que la tierra les pertenece desde antes de la llegada de los españoles y que su tarea es recuperarla. Han atacado las fincas privadas quemando las siembras y destruyendo bienes, amenazando con machetes a los propietarios. Todo como una estrategia de presión para que vendan los predios al Estado y éste a su vez se los traspase de manera gratuita a ellos en virtud de la Ley 160 de 1994.
Hoy por hoy, los grupos indígenas representan entre el 3% y el 4% del total de la población en Colombia, pero son dueños de más del 30% del territorio nacional. Parte de la inconformidad que manifiestan los pueblos de la Minga Indígena es porque los compromisos que los gobiernos han firmado con ellos consisten en aumentar ese porcentaje. Por eso hay quienes incluso ven en el proyecto indígena una reconquista de la tierra. El problema está en que hoy ya no hay españoles sino colombianos honestos y trabajadores que tienen derechos legítimos sobre la propiedad y que tanto unos como otros hacen parte de un Estado Social de Derecho.
Un segundo aspecto preocupante es el que tiene que ver con los límites de la autonomía indígena en el país. La Constitución del 91, de buena fe, abrió la puerta a la consolidación los territorios indígenas mediante un complejo sistema autonómico que hasta hoy no acaba de escribirse y que tiene en vilo además de la seguridad nacional, el monopolio del uso de la fuerza que es propio de todo estado moderno. No hablemos ya de los recursos del sistema general de participaciones a que tienen derecho los resguardos o de los sistemas de salud y educación propios. Hablemos de la llamada Jurisdicción Especial Indígena que, esa sí, parece poner en jaque un choque de trenes del que nadie habla. Recordemos el caso del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral, quien en el año 2008 iba de regreso a su batallón en el Meta y fue interceptado por la guardia indígena en zona rural de Piendamó, Cauca. El suboficial no sólo fue encerrado en una jaula metálica sino que, al negarse a pedir excusas públicas por supuestamente invadir territorio indígena, fue trasladado a una cancha donde la asamblea indígena determinó que el castigo era darle nueve latigazos, dejándolo incapacitado 29 días. Producto de este caso el Tribunal de Popayán condenó en 2015 a 18 años de prisión al líder Feliciano Valencia (hoy Senador de la República y uno de los voceros de la protesta en el Cauca), pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego concluyó que Valencia había actuado acorde con los principios constitucionales aplicando las normas, procedimientos y costumbres de su comunidad indígena. Las cortes en varias ocasiones se ven impedidas para actuar frente al amparo constitucional que se le da a la Jurisdicción Especial Indígena.
En ese sentido, también debe recordarse que ha sido el mismo Estado (incluyendo las Cortes y varios gobiernos) quien ha fortalecido instituciones como las guardias indígenas, las consultas previas y mecanismos como el de apagar protestas mediante la firma de más acuerdos. El mismo Estado que hoy sufre las consecuencias de un invento que empieza a desbordar su propia capacidad de respuesta.
De acuerdo con cifras proyectadas por Fenalco y publicadas en Portafolio, las pérdidas producto del cierre de la vía Panamericana superan los $2.000 millones diarios. Un uniformado fue quemado en la cara y el cuello con ácido y otro falleció por impacto de bala. Mientras tanto, el precio de los alimentos sigue encareciendo y miles de personas padecen por la imposibilidad de movilizarse entre una mitad del país y la otra. Más que afirmar suposiciones sobre la infiltración de disidencias de las Farc, que es probable que existan, debería hablarse abiertamente sobre la capacidad de organización propia que hoy tienen los manifestantes y el alcance que el mismo Estado les ha propiciado, aunque el tema siga siendo tabú. Esperemos que esta vez no acabe como siempre, con el Presidente y los ministros firmando nuevos compromisos ante la guardia indígena sin que los colombianos tengamos un peso con que cumplirlos. Porque la reconquista indígena, al fin de cuentas, saldrá del bolsillo de los conquistados.