El cese de la usurpación se percibe cercano. Ello significa que el gobierno de Guaidó pronto despachará desde Miraflores, consolidando en un solo Poder Ejecutivo -legítimo sin discusión ya- las competencias que corresponden constitucionalmente a la administración. Ello supone retos que hasta hoy son difíciles de cumplir.
Vistos algunos eventos reportados en los medios, no es descartable que quienes se van, puedan llevar a cabo una política de “tierra arrasada”, destruyendo instalaciones, archivos e informaciones relevantes para la marcha del Estado en su conjunto.
Para quienes están en el exterior, el tema de la transición cobra relevancia en la materia de la recomposición del Servicio Exterior, que a través de sus dos ramas, diplomática y consular, es el que tiene contacto con la diáspora.
En la rama diplomática Guaidó -en forma rápida- designó representantes en numerosos países, empezando por los EE.UU., donde la representación se confió a un demócrata que ya se había venido fogueando en las lides internacionales: Carlos Vecchio. En la OEA la designación de un veterano como Gustavo Tarre ha resultado exitosa, en la medida en que se ha venido logrando ganar espacios en un terreno que, hasta hace poco, estaba secuestrado por intereses en algunos casos ideológicos y en los más crematísticos. Las restantes designaciones han recaído en personas de la mejor buena voluntad y honorabilidad, pero -hay que reconocerlo- pocas son curtidas en los menesteres diplomáticos. Hasta ahora todos han tenido éxito porque están bien guiados y, además, acreditados ante gobiernos que han reconocido la legitimidad de Guaidó, lo cual facilita la gestión.
Pero lo que es importante para el venezolano en el exterior en estos tiempos de carencias y persecuciones, es la vuelta a escena de los servicios consulares, tanto más en circunscripciones como la que corresponde al Sur de Florida, donde se estima viven doscientos mil connacionales, más otros tantos en el resto del Estado y en Georgia y las Carolinas, donde no sería extraño contar por encima de trescientos mil. Escenarios similares existen en Colombia, Ecuador, Perú y España, que han sido lugares de destino del grueso de nuestros emigrantes.
Los venezolanos precisan pasaportes nuevos o renovados, registrar nacimientos, fallecimientos, opción de nacionalidad, y otros actos civiles o mercantiles, otorgar poderes, obtener cédulas de identidad, fe de vida, registrarse para votar y mil cosas más que -a diferencia de la parte política que se lleva desde las embajadas- requieren conexión directa con el Saime, el Seniat, los Ministerios y demás oficinas de la administración, que poseen los archivos necesarios para su gestión. En consecuencia, mientras no se obtenga el control de la Administración y el cese de la usurpación, poco es lo que puede hacerse en los temas que más preocupan al ciudadano de la diáspora.
La complejidad y detalle de la actividad consular no se presta para designar gente que tan solo tenga buena voluntad. Es indispensable que quienes sean designados conozcan con profundidad la legislación nacional e internacional que arropa sus actuaciones. De más está decir que en veinte años de desmantelamiento, tales recursos humanos calificados fueron diezmados, siendo difícil reponerlos a corto plazo.
En consecuencia, los venezolanos recuperaremos el derecho a exigir muchas cosas de nuestros representantes diplomáticos y consulares, pero es menester que estemos claros en que no será ni fácil ni pronto.
