La amenaza de Estados Unidos de reactivar el título III de la ley Helms-Burton y de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo pone en jaque la economía de la isla, ya en apuros por otros factores como la crisis en Venezuela y la ineficiencia de las empresas estatales.
El título III de esa ley, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución y demandar a compañías que se estén beneficiando de ellas, se ha mantenido congelado desde 1996, pero podría quedar reactivado en los próximos días.
Cuando se aprobó esa norma hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente y la Unión Europa, EU: demandó a Washington ante la Organización Mundial del Comercio: la batalla concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido -lo hace cada seis meses- a cambio de la retirada de la querella.
Pero en enero pasado, cuando tocaba renovar la suspensión semestral, el Gobierno de Donald Trump, contrario al deshielo con Cuba, disparó todas las alarmas: anunció que solo lo haría durante 45 días para revisar la disposición teniendo en cuenta los intereses nacionales de EE.UU. y el comportamiento de La Habana.
Al mismo tiempo, la Administración estadounidense ha enviado señales que apuntan a una reinclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, de la que la isla salió en 2015 durante el acercamiento con el Gobierno de Barack Obama.
La materialización de esas dos amenazas, que el Gobierno cubano da casi por inevitable y que elevará la hostilidad bilateral a niveles no vistos en décadas, implicará un aumento significativo de los riesgos de hacer negocios con Cuba. Sería un golpe bajo para la intención del Gobierno cubano de usar la inversión extranjera para mejorar su infraestructura productiva, mejorar la competitividad de sectores económicos claves y dinamizar el crecimiento económico a partir del efecto multiplicador de las inversiones. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo este mes que su país, tras casi 60 años bajo embargo de EE.UU., está preparado para el golpe, aunque los expertos no son tan optimistas.
Es cierto que en la última década la isla ha diversificado sus socios comerciales y apostados con firmeza al turismo, pero el tejido empresarial estatal sigue siendo altamente ineficiente con excepciones en firmas mixtas como la cubano-española Habanos o la cubano-francesa Havana Club Internacional. Según el Gobierno cubano -cuyas cifras no están auditadas por organismos internacionales-, la economía nacional creció en 2018 1,2 %.
Pero la activación del título III no solo tendría consecuencias para las finanzas del único país comunista de América. En un momento en que las relaciones comerciales internacionales son convulsas por la guerra comercial de Trump, activar el título III exacerbaría las tensiones y alteraría aún más el comercio global, en detrimento tanto de la economía estadounidense como la mundial. Como ocurrió en 1996 cuando la presión de terceros países frenó la aplicación del título III, la única esperanza del país caribeño es que se repita ese escenario.
Pese a la retórica hostil de Trump y varios de sus asesores de Seguridad Nacional hacia Cuba, lo cierto es que hasta ahora los más de 20 convenios bilaterales firmados durante el deshielo se mantienen, al igual que el diálogo periódico entre los dos Gobiernos en asuntos como seguridad y medioambiente.
Aun así, no es descartable que la reinclusión en esa lista pueda afectar al acceso del Estado cubano al mercado crediticio internacional, un instrumento de financiación vital para la isla.