En estos días el tema de la Jurisdicción Especial para la para la Paz, JEP, está presente en todas las discusiones y conversaciones que se susciten en el ámbito nacional por lo que el presidente Duque debe decidir si la firma o si la objeta, antes del 11 de marzo.
La JEP, también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado colombiano. Su presidenta es la abogada Patricia Linares, designada en septiembre de 2017 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición y está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016.
Su creación fue pactada por el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc en el marco de los acuerdos de paz firmados en La Habana como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado.
En este acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, y que la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia.
Tremenda responsabilidad tiene el Presidente Duque quien ha socializado el tema en todos los ámbitos, escuchando autoridades del país, como el Fiscal y Procurador; miembros de los partidos políticos, ex presidentes, congresistas y hasta de la misma presidenta de la JEP, Patricia Linares, quienes basados en sus propios argumentos y desde sus puntos de vista, han dejado en claro por qué sí y por qué no, se deben firmar los acuerdos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Hasta la Corte Penal Internacional, CPI, instó al presidente Duque a que sancione la ley estatutaria pues considera que es importante que la JEP tenga un marco legal definido ya que no ser el caso, esto podría constituir un revés y se tendría que considerar sus implicaciones. Todos opinan y todos señalan, pero quien define es el Presidente.
Mientras el presidente Duque está obrando dentro de los tiempos que le da la ley para firmar el proyecto; pensando que en este país se tenga genuina verdad, justicia, reparación y genuina no repetición que deben hacer parte del marco normativo que permita obrar conforme a esos objetivos.
La polémica y las discusiones saltaron a la luz pública después que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmara que el Gobierno estudia objetar algunos artículos de la ley estatutaria.
Y ahí se generó toda la andanada de posiciones en favor y en contra de esa decisión presidencial, que a propósito el presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria. Mejor dicho no puede estar, va a tomarse su tiempo y decidirá en justicia antes del próximo 11 de marzo.