La segunda condena por corrupción dictada contra Luiz Inácio Lula da Silva agrega otra mancha a la imagen del expresidente y afecta también a una izquierda brasileña acorralada desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó al poder.
Lula, en prisión desde abril pasado para cumplir una primera pena de doce años, recibió el pasado miércoles una segunda condena, también de doce años, por su implicación en otro asunto asociado a las graves corruptelas detectadas en la estatal Petrobras.
Si como ocurrió con la primera, esta nueva pena se confirma en la segunda instancia, las condenas contra el exmandatario, de 73 años, acumularán ya casi un cuarto de siglo y aún faltan por ser juzgadas otras seis causas en las que también responde por corrupción.
Pese a su cada vez más complicada situación judicial, el Partido de los Trabajadores, PT, el más influyente en el arco progresista brasileño, insiste en reivindicar a Lula como su máximo líder y se aferra a su figura para enfrentar la ola ultraconservadora que ha desatado en el país el Gobierno de Bolsonaro.
El capitán de la reserva del Ejército llegó al poder en parte gracias al enorme rechazo al PT que encarnó en la sociedad después de la primera condena contra Lula, confirmada en segunda instancia en enero del 2018, en el inicio del año electoral que encumbró a la ultraderecha.
El ocaso de Lula repercutió en todo el campo progresista, que en las elecciones de octubre pasado redujo sensiblemente su presencia en el Parlamento, limitada hoy a 140 de los 513 diputados y 20 de los 81 senadores, frente a una aplastante mayoría de parlamentarios de centro y derecha. Esa realidad de la izquierda se reflejó en la elección de los presidentes de las cámaras para la nueva legislatura, en las que la semana pasada se impuso con contundencia el llamado “bolsonarismo”.
En la Cámara baja, la izquierda presentó dos candidatos. Uno del Partido Socialismo y Libertad, Psol, y otro del Partido Socialista Brasileño, PSB, que juntos sumaron 80 de los 513 votos posibles. En el Senado, el difícil momento del progresismo se manifestó aún con más crudeza, ya que los cuatro partidos de ese campo presentes en esa cámara no lograron el consenso mínimo para postular al menos un candidato.
La división de la izquierda ya había comenzado en la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, a las que llegó con tres candidatos, en parte por la insistencia del PT en postular a Lula, finalmente vetado en la justicia electoral por su condición de preso y con sentencia confirmada en segunda instancia. La candidatura de Lula fue anulada cuando faltaba menos de un mes para los comicios y el PT optó por sustituirlo por Fernando Haddad, un prestigioso académico pero sin roce con las masas y derrotado en segunda vuelta por Bolsonaro, quien afincó su campaña en el combate a la corrupción que personificó en el exmandatario y su partido.
Sin fuerza en el Parlamento y con su militancia desmovilizada, el PT ha convocado manifestaciones para los próximos días en favor del expresidente y contra la supuesta “persecución política y judicial” de la cual sostiene que es víctima. No obstante, en los últimos tres años, desde que en 2016 perdió el poder Dilma Rousseff, destituida por irregularidades fiscales, la capacidad de convocatoria del PT ha ido menguando y su campaña “Lula libre”, lanzada tras su prisión, tiene cada día menos adhesiones.