La cultura ciudadana, una deuda pública en Santa Marta

Editorial
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La cultura ciudadana es el eje comportamental mediante el cual se expresan las relaciones de una sociedad con sus semejantes, su entorno natural y construido, así como con las instituciones;

por tanto como política pública debe estar presente y de forma explícita mediante objetivos, metas, productos y por supuesto inversión. Obviamente el fomento de la cultura debe ir acompañado del ejercicio de autoridad; es decir debemos trascender hacia la gobernanza, como referente de interacción entre los gobiernos y la ciudadanía, cuyo lenguaje estará determinado por la cultura y madurez política de ésta última. 

La semana pasada, a través de uno de nuestros editoriales, se planteó el debate sobre la problemática del descontrol urbano que viene reinando en la ciudad, específicamente en lo que tiene que ver con la fragante apropiación del espacio público por parte de algunos propietarios de inmuebles. Ésta como otras conductas, vienen escalando en la cultura ciudadana bajo la permisividad de la autoridad local, de tal forma que subyace en la ciudadanía la idea de que todas las intervenciones sobre sus propiedades y aún más, en áreas que corresponden al espacio público, son legítimas a pesar de que la normatividad diga algo contrario.

Para infortunio de nuestra ciudad, esas malas conductas no son aisladas y como bien se menciona anteriormente, al parecer están siendo peligrosamente apropiadas por los ciudadanos, lo cual resulta algo no tan inesperado si se tiene en cuenta que el gobierno del Alcalde Rafael Martínez como anteriores administraciones, ha fallado al subestimar la necesidad de fomentar la cultura ciudadana,  ya que finalmente no se logró trascender de las actividades desarticuladas y discontinuas con las que buscan escasamente llamar la atención de la comunidad sobre algunas situaciones puntuales.

Esta miope percepción de parte de éste y anteriores gobiernos, ha generado un detrimento de la cultura ciudadana, que se viene reflejando no solo a través de la violación de normas urbanísticas,   como los casos específicos de las 13 licencias de construcción ilegales que la fiscalía dio a conocer en el 2018, sino también en aspectos domésticos y cotidianos como el acceso a servicios públicos e institucionales de manera fraudulenta, que son recurrentes en algunos sectores, especialmente para el caso de los servicios de energía eléctrica, acueducto, Sisben  y recientemente para sorpresa de todos, en el servicio de la Educación Superior, que como se evidenció unos meses atrás, fue objeto de fraude a través de los exámenes de admisión de la Universidad del Magdalena para acceder al programa nacional “Ser Pilo Paga”.

Lo anterior, no se puede desarticular de otros aspectos más complejos de la convivencia ciudadana, que se están manifestando entre otras a través del aumento de las cifras de homicidios (de 94 muertes violentas en el 2017 pasaron a 102 en el 2018), producto entre otras de los altos niveles de intolerancia; así mismo lo refleja la tasa de informalidad de la ciudad, que en el último trimestre del 2018 (Dane) llegó al 66.3%. Todo esto como se reporta en el observatorio Santa Marta Como Vamos, ha ido detonando la percepción de inseguridad de los samarios, al punto que este índice subió entre los años 2016 y 2017, del 18% al 30%. Al parecer “la ciudad del buen vivir” ya no es percibida como tal.

Ante esta crisis de valores, Santa Marta requiere un proceso de interacción política madura, sin fanatismos, sin estigmatizaciones como las de “amigos y enemigos del proceso”. Es necesario que se promueva una participación y un aprendizaje sobre el rol del ciudadano, en función del proyecto de ciudad.

A estas alturas del periodo de gobierno, resulta difícil pretender que éste obtenga cambios profundos en las conductas y percepciones de la ciudadanía, sin embargo ad portas de un nuevo debate electoral, es la oportunidad de visibilizar ante quienes tienen la intención de tomar las riendas de la ciudad próximamente, la deuda pública que queda pendiente con respecto al fomento de la cultura ciudadana, será este debate además, la oportunidad para que quienes aspiren a gobernar, den muestras con su ejercicio político, pero sobre todo con sus propuestas, de cuál será el lugar que darán a la cultura en su agenda de ciudad.