El decreto firmado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que flexibiliza la posesión de armas de fuego ha generado dudas sobre sus posibles efectos en el combate a la violencia, especialmente la que afecta a las mujeres.
La posesión de armas ya estaba regulada en Brasil por decreto desde 2004, pero ahora el gobernante ultraderechista incluyó una serie de escenarios que permiten un mayor acceso de los civiles para tener armas en sus casas o en sus establecimientos comerciales.
“Ese decreto no va a contribuir en nada para la reducción del crimen y la violencia en el país y tiene mucho potencial para conspirar contra la seguridad pública. Según todas las evidencias, más armas significan más crímenes”, afirmó a la agencia de noticias EFE, David Marques, coordinador de proyectos de la ong Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
Bolsonaro mantuvo los requisitos ya vigentes para la compra de un arma (ser mayor de 25 años sin antecedentes criminales, tener “ocupación ilícita”, poseer certificado psicotécnico y de tiro, etc..), pero introdujo otros que justifican su “efectiva necesidad” y amplían la posibilidades de compra.
Entre ellos, el de ser residente en un área urbana con una tasa de “más de diez homicidios por cada 100.000 habitantes”, lo que abarca a prácticamente todo el país.
Brasil tiene una tasa media de unos 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en uno de los países más violentos del mundo, según datos oficiales.
Además, alrededor del 70 % de las 63.880 muertes violentas registradas en 2017 se cometieron con armas de fuego.
Asimismo, Marques recuerda una estadística del estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, Ipea, que constata que por cada un 1% más de armas en circulación en la sociedad puede haber un incremento del 2% en el número de homicidios.
Para el director ejecutivo del Instituto ‘Sou da Paz’, Iván Marques, “el decreto es bastante negativo”, pues “facilita la entrada de nuevas armas en Brasil y afloja las reglas de control establecidas en el Estatuto del Desarme”.
Según los datos más recientes del Ejército y la Policía Federal, 619.604 armas están oficialmente en manos de civiles, quienes podrán adquirir ahora hasta cuatro armas y tendrán un plazo de validez del permiso ampliado a diez años, frente a los cinco de antes.
“Es un número poco razonable y bastante insensato (...) Ningún psicólogo firmaría un atestado por diez años”, analiza Iván Marques. El nuevo decreto también supone un desafío para reducir los elevados índices de violencia machista en un Brasil en el que se concentran el 40 % de todos los feminicidios ocurridos en Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
El profesor Yuri Sashione, especialista en Derecho y Proceso Penal, destaca ese aspecto y afirma que, bajo el pretexto de una mayor seguridad, el decreto puede destapar “el otro lado de la moneda, que es un muy peligroso, en un momento en el que se está enfrentando la violencia de género”.
Según datos oficiales, casi la mitad de los feminicidios en Brasil fueron con armas de fuego.
“¿Será que el hecho de tener más armas en casa no va a provocar un incremento en las amenazas y feminicidios porque las personas tendrán un arma de fuego que antes no podían tener?”, se preguntó.
“Brasil puede sufrir mucho más con los feminicidios de hombres que acaban matando a sus novias o exnovias. Ese plazo de diez años (de licencia) va a tener impactos reales para controlar el número de armas”, agrega Iván Marques.
Desde ‘Sou da Paz’ han lanzado una campaña para alejar la idea de que para mejorar la seguridad se necesita un arma de fuego, e insistir en que es un asunto colectivo que necesita de inversión por parte del Gobierno.