Protegido por un inmenso cordón policial en el seno de Managua, compuesto por unos 2.000 oficiales leales, la pareja presidencial de Nicaragua acaba de terminar el año más revoltoso de los últimos mandatos sandinistas con mano de hierro.
El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, motivados por la supuesta necesidad de envalentonarse frente a los golpistas, criminales y terroristas que según ellos asedian su país “cristiano, socialista y solidario”, cerraron ONG y medios de comunicación, expulsaron dos organizaciones internacionales de derechos humanos, prohibieron protestas y avanzaron con los centenares de juicios secretos contra estudiantes y campesinos, afirma Iván Briscoe, director del programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group en su columna de opinión.
Además de la feroz represión que se desplegó contra la revuelta opositora desde abril a julio, siguió un acoso menos conspicuo pero cada vez más enérgico en manos de los jueces y las fuerzas de seguridad. Este es el discurso idiosincrático de resistencia por parte del gobierno nicaragüense que consterna a la región latinoamericana. Un gobierno opresor, aislado, salvo por sus amistades con otros Estados autoritarios, que insiste en ser víctima de un complot destabilizante urgido por siniestros enemigos.
Los discursos de paz y reconciliación de Ortega y Murillo se entrelazan con los actos propios de un Estado policial. Más de 300 personas, la mayoría opositores, murieron durante las protestas generalmente pacíficas desencadenadas en abril por un polémico plan de reforma a la seguridad social. El gobierno sandinista se jacta de su historia revolucionaria, y la hazaña de haber derrotado el dictador Somoza en 1979 -además de Cuba, la única revolución exitosa en América Latina desde 1945-. A la vez, se asemeja más que nunca al viejo régimen. El Chipote, la siniestra cárcel en que languidecen muchos de los 600 procesados hoy en día por supuestos actos de terrorismo, fue el mismo lugar donde internaron a Ortega durante la dictadura.
Por cierto, el sandinismo ha mantenido a lo largo de la última década un apoyo popular importante. A pesar de varios años de alto crecimiento económico, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre per cápita en el hemisferio después de Haití, y como consecuencia las necesidades básicas muchas veces priman sobre la valoración pública de la democracia representativa. La leyenda revolucionaria y la guerra civil en los años 80, los programas de bienestar y acción comunitaria y el dominio del aparato estatal ha facilitado la construcción de férreas lealtades que componen alrededor de un tercio del electorado, lo cual ha asegurado a Ortega repetidas victorias electorales, agrega Briscoe.
Aun así, el derrame de sangre y las demostraciones de fuerza implacable por parte del gobierno han socavado este apoyo, hasta bajarlo desde 67 por ciento en 2017 a 23 por ciento, según el último informe de Latinobarómetro. Según muchas partes de la amplia y ecléctica coalición opositora, la caída en picado de la popularidad del gobierno, más la ruptura con sus aliados en el sector privado y la Iglesia Católica, el aislamiento en América Latina y el colapso económico provocado por el levantamiento cívico y su represión - con una contracción prevista por el FMI de 4 por ciento este año - muestra que Ortega está en el crepúsculo de su carrera. De una forma u otra, pronto tendrá que cumplir con la demanda que un líder estudiantil le espetó en mayo durante los fallidos esfuerzos de diálogo entre gobierno y oposición: “¡Ríndase!”
