El gobierno de Colombia ha adoptado el ‘Pacto Global de Marrakech’ para una migración segura, regular y ordenada ante la crisis de índole global que supone la oleada de emigrantes venezolanos en el país, que suman 1.100.000 personas y llegan a 3 millones en toda la región latinoamericana.
La forma en que el gobierno está haciendo frente a la crisis migratoria venezolana coincide con las grandes líneas del pacto, aún antes de que fuera adoptado.
Así, el pacto es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente, respeta la soberanía de los estados y al mismo tiempo establece buenas prácticas para mejorar las condiciones de los emigrantes, por lo que su efecto positivo es evidente.
Pero además, el gobierno adoptó el pacto pensando en los cinco millones de colombianos que residen en el exterior, a los que quiere garantizar un marco de cooperación más estrecho y dinámico.
Sin embargo, el problema más acuciante ahora es el flujo de emigrantes venezolanos hacia Colombia de tal magnitud que el gobierno del presidente Iván Duque trabaja para hacerle frente en el orden nacional, regional y global...
Según datos, del 1,1 millón de venezolanos en Colombia, 700.000 están en tránsito y 40.000 en la llamada “migración pendular”, y a ellos hay que añadir además 400.000 compatriotas que han retornado de Venezuela. Esto ha obligado al gobierno colombiano a diseñar un plan de cuatro años para ordenar este flujo migratorio y posteriormente a buscar la implicación regional de hasta once países latinoamericanos para dar una respuesta coordinada a un problema común y fruto de estos esfuerzos, el pasado 19 de septiembre la ONU nombró a Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región.
Los once países más afectados por la oleada migratoria venezolana están ahora tratando de definir una plataforma financiera regional que les permita garantizar la disponibilidad de recursos, pero cuyos detalles aún no se conocen.
Hay que reiterar la necesidad de presionar por un cambio político en Venezuela y a coordinar con el Grupo de Lima las sanciones que deben imponerse al régimen de Caracas, aunque Colombia ya lo está haciendo. Se trata de crear condiciones políticas y diplomáticas para que el pueblo hermano venezolano pueda volver a vivir en democracia y libertad, pues está viviendo un momento crítico política y socialmente, agravado por el desconocimiento de los derechos humanos.
Con esta perspectiva, el Grupo de Lima reunirá el próximo 19 de diciembre en Bogotá a sus coordinadores, para consensuar una posición conjunta que los ministros de Relaciones Exteriores adoptarán el próximo 4 de enero, solo días antes de que el 10 de enero se inicie un nuevo mandato del dictador Nicolás Maduro.