La proclamación presidencial firmada por Donald Trump que restringe el acceso a las peticiones de asilo de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera con México es una artimaña que rompe de manera inaceptable el Estado de derecho en Estados Unidos, según alertan activistas y expertos.
Las nuevas reglas convierten en inelegibles para asilo a los solicitantes que ingresan ilegalmente al país, lo que obligaría a los solicitantes a realizar la petición en los puertos de entrada creando un embudo en las solicitudes.
Beth Werlin, directora ejecutiva de American Immigration Council, indica en un comunicado que, en el “apuro por obstruir” a los solicitantes de asilo, la Administración está intentando poner fin a la ley de asilo cuando “cualquier persona en los Estados Unidos debe tener acceso al proceso de asilo”.
La complejidad de la Ley de Migración y Nacionalidad de 1980, que regula el proceso de concesión de asilo político, sirvió a Trump para crear un teatro para justificar la necesidad de cambiar los procedimientos, advierte Juanita Molina, directora de la organización Border Action Network.
“Es todo una artimaña”, denuncia sobre la proclamación de Trump que veta durante al menos 90 días la entrada al país a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación que elimina la opción de obtener asilo a quienes han incumplido una prohibición presidencial.
Camilo Pérez Bustillo, investigador del Instituto Fronterizo Esperanza, explica que quienes piden asilo en los puertos de entrada ya estaban en desventaja frente a los son capturados tras cruzar ilegalmente la frontera.
Esto se debe, en su opinión, a que los primeros tienen menos opciones de lograr una fianza mientras su solicitud avanza al entrar directamente en el proceso judicial, mientras los agentes fronterizos o de inmigración que capturan a quienes ingresan de forma irregular tienen discreción para dejar ir a los inmigrantes.
El investigador recalca además que la idea de que la solicitud de asilo en el puerto de entrada es el camino legal a seguir “es fundamentalmente engañosa” pues es legal en todos los casos.
“Las medidas anunciadas por la Administración implican una ruptura inaceptable del Estado de derecho y la negación de las obligaciones de protección hacia los sectores más vulnerables del continente americano”, dice el profesor.
En medio de las protestas de los activistas por los cambios que pretende implementar el presidente, el profesor Niels Frenzen, director del departamento de Inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), resalta que el Gobierno Trump ya viene aplicando cambios a las políticas de liberación de los que piden asilo.
Con Gobiernos anteriores los inmigrantes que pasaban la entrevista de miedo creíble a menudo se les otorgaba una fianza y realizaban su proceso de asilo en libertad, pero con Trump “la mayoría de los solicitantes de asilo siguen detenidos”, asegura el catedrático.
A esto se le suman las nuevas interpretaciones legales que emitió el exfiscal general Jeff Sessions y que dificultan a las personas que huyen de violencia doméstica o de pandillas ganar una solicitud de asilo, casos habituales entre los migrantes centroamericanos.
Todo con el objetivo de desalentar la inmigración desde esta región, desde donde partieron las caravanas de miles de personas que se dirigen hacia la frontera de EE UU con México para pedir asilo.
La proclamación se suma al reciente envío de más de 5.600 militares a la frontera sur para frenar a unas caravanas que Trump ha calificado de “invasión”, aunque los soldados no pueden ejercer funciones migratorias.
El Gobierno incluso estaría instruyendo a los jueces de inmigración a considerar las condiciones de entrada al país de los solicitantes de asilo, lo que en la práctica pondría a los indocumentados en desventaja a la hora de ganar la “discreción favorable” de la corte.