A la expectativa se encuentra los colombianos ante la nueva propuesta del gobierno nacional que propone reducir entre un 7,5 % y un 10 % los gastos públicos en el presupuesto de 2019.
El gasto público es el que realiza el sector público en un período determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con administración autónoma del Gobierno central. El gasto público se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital e inversión pública. El gasto público juega un papel de gran relevancia en la actividad económica del país, no solo en el manejo eficaz de este sino en la correcta asignación de los recursos públicos.
Antes del siglo XX se creía que el Estado no tenía capacidad de autoadministrarse y que sus gastos no serían productivos, a pesar de los ingresos que pudieran generarse, de ahí que el Estado fuera un Estado gendarme que solo percibía ingresos fiscales para cubrir los gastos de las autoridades y su intervención en la economía era exigua, por no decir nula. Como consecuencia de esta concepción los gastos del Estado eran muy pocos.
Las modificaciones al gasto público tienen límites y restricciones, entre ellos el principal límite deviene del principio del equilibrio presupuestal según el cual los gastos no pueden superar los ingresos, y está sujeto a diversos controles: los principales son el control político a cargo del Congreso; control administrativo ejercido por el Ejecutivo, concretamente por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación; y control fiscal y numérico legal, que corresponde a la Contraloría.
Para reducir el gasto público en Colombia se considera necesario emprender una campaña de austeridad con recortes en los gastos de adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios. El presupuesto que se está estudiando en las comisiones de la Cámara de Representantes y Senado tiene un faltante de cerca de 25 billones de pesos, unos 8.064 millones de dólares, que es necesario cubrir para cumplir con varios programas sociales.
El pasado 25 de agosto el presidente Iván Duque, que tomó posesión del cargo el 7 del mismo mes, subrayó que el actual presupuesto que heredó de su antecesor, Juan Manuel Santos, le deja al país un aumento del servicio de la deuda de 18 a 36 billones de pesos, unos 5.800 a 11.609 millones de dólares. Duque también denunció que encontró una desfinanciación para continuar programas sociales como los de acueductos rurales, el Plan de Alimentación Escolar, Par y la salud, entre otros y por lo tanto debe ser cauteloso con algunas propuestas surgidas en desarrollo del estudio y discusión del presupuesto de 2019.
Entre ellas está la eliminación de exenciones tributarias como aquellas que benefician inversiones en activos, las zonas francas o la llamada Ley de Estabilidad Fiscal, dado que significaría un cambio demasiado drástico en las reglas de juego que podría llevar incluso a millonarias demandas.
Acerca de una posible reforma tributaria, se espera que el objetivo sea que las personas naturales que hasta el día de hoy no pagan impuestos no deberán hacerlo con el régimen nuevo ya que la finalidad es concentrase en aumentar el recaudo entre las personas de mayores ingresos.
La propuesta debe ir encaminada a no aumentar la base de personas naturales sino concentrarse en ser más equitativos y más redistributivos en los sectores más altos.