Se cumplió un año de la consulta popular que organizó la oposición venezolana para rechazar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, Anc, que el Gobierno instauró días después, y para exigir la renovación de los poderes públicos; una tarea pendiente del antichavismo que está hoy disgregado en lo político.
Según los organizadores, unos 7,5 millones de venezolanos participaron en el plebiscito del 16 de julio de 2017 y rechazaron la conformación de una Anc sin el referendo previo que establece la Constitución, pero finalmente se constituyó así pese a las críticas de numerosos Gobiernos que no reconocen a este foro.
La consulta también demandó, por casi la totalidad de los votantes, el respeto por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, a las decisiones de la Asamblea Nacional, An, Parlamento, una instancia controlada por la oposición que obtuvo una abrumadora mayoría en 2015, en unas votaciones incontestables. Además, con este proceso celebrado al margen del Poder Electoral se aprobó renovar los poderes públicos y proceder a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional.
Esta consulta se concretó en medio de las protestas antigubernamentales del año pasado que se saldaron con más de 120 muertos y mientras aumentaba la condena internacional al Ejecutivo de Nicolás Maduro por su deriva autoritaria.
Sin embargo, la llamada revolución bolivariana impuso su Constituyente tras unos comicios respaldados por 8 millones de venezolanos, según los resultados oficiales que luego fueron desacreditados por la empresa que brindaba el soporte tecnológico al Consejo Nacional Electoral, Cne. Mientras tanto, el llamado a las urnas que hizo la oposición en julio pasado sirvió para contabilizar el repudio al chavismo, que ya venía manifestándose en las calles del país petrolero con decenas de protestas, pero no para concretar el cambio político que pregonaban entonces los detractores de Maduro.
Apenas se instaló la Anc, mostró el alcance de su poder incontestable al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por sus críticas al Gobierno y convocó a elecciones de gobernadores en las que participó el grueso de los partidos que conforman la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, Mud. El oficialismo obtuvo 18 de las 23 plazas en disputa y la contraparte volvió a denunciar un fraude electoral mientras participaba en un proceso de negociación política con el Gobierno, auspiciado por varios países y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
