Ilusión de muchos, realidad de pocos

Editorial
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La población envejece en Latinoamérica sin haberse garantizado la cobertura universal a la pensión debido a reglas que han limitado el ahorro y la informalidad laboral que arrastra a millones de personas a la incertidumbre.

Latinoamérica se enfrenta retos estructurales como el rápido envejecimiento de los países, lo que limitará los recursos disponibles para pagar pensiones Cuba es el país más envejecido de América Latina y sus 2.219.784 habitantes mayores de 60 años representan el 19,8 % de la población.

Un total de 1.676.988 cubanos tienen una pensión media de 276,94 pesos, algo más de 11 dólares, que sufraga el Estado pues no existen planes privados. Los sistemas pensionales más sólidos son aquellos que cuentan con el ahorro suficiente para respaldar las obligaciones futuras y lo más débiles aquellos que deben recurrir a cambios paramétricos muy fuertes para mantener el equilibrio. Algunos casos destacados en América son Canadá o Chile que tienen ahorros pensionales equivalentes al 157 % y al 70 % del PIB, respectivamente. Pero el 90,75 % de los jubilados chilenos del sistema privado recibe pensiones inferiores a unos 233 dólares, la mitad del sueldo mínimo, lo que ha originado protestas.

Y aunque países como Estados Unidos cuentan con importantes ahorros pensionales, cerca del 133 % del PIB, también tienen problemas para financiar la jubilación de sus empleados públicos.

Los estadounidenses contribuyen a un programa de jubilación mediante el pago de un impuesto que equivale al 15,3 % del salario, aunque muchas empresas ofrecen un sistema privado conocido como 401(k). En Canadá existe un sistema mixto de jubilaciones y algunos adultos mayores de 65 años tienen derecho a recibir la pensión Old Age Security.

Aumentar el ahorro pensional debería ser el objetivo principal de cualquier reforma pues entre mayor ahorro, más y mejores pensiones se lograrán otorgar y, así mismo, menos recursos se demandarán del presupuesto público.

El sistema colombiano está dividido en el régimen privado y el público, cuyo control corresponde a Colpensiones, que este año ha recaudado unos 2.456 millones de dólares con 6.527.193 afiliados a diciembre. México dispuso dos tipos de regímenes, dependiendo si se empezó a cotizar antes o después del 1997, y estableció que la edad de retiro oficial sea los 60 años. El 78 % de la población paraguaya ocupada no posee un plan de jubilación, lo que equivale a unos 2,5 millones de trabajadores.

Brasil apuesta a elevar la edad de jubilación hasta 62 años para las mujeres y 65 para los hombres e intentar equilibrar un sistema cuya subsistencia futura está amenazada; si no se toman medidas urgentes los ingresos de aportes e inversiones dejarán de ser suficientes para honrar los gastos en el periodo 2022-2028.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social monopoliza las jubilaciones en ese país andino, en donde los pensionados tienen derecho a servicios de salud e incluso préstamos hipotecarios. En Venezuela los pensionados perciben mensualmente unos 4.200.000 bolívares, un monto que no alcanza para comprar una bolsa de jabón.

Los planes de pensiones privados en Argentina fueron desestimados en 2008 a partir de una iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández y desde entonces el sistema es exclusivamente estatal.

En Uruguay, funciona un régimen mixto que se estableció por ley en 1995 y los trabajadores aportan el 15 % de su sueldo nominal a la seguridad social. Unos cinco millones de peruanos están afiliados a los fondos privados y unos cuatro millones al sistema público en medio de alta informalidad y personas que no cotizan.

Bolivia promulgó en 2010 una nueva ley de pensiones que bajó la edad de jubilación de 65 a 58 años y creó un fondo solidario con aportaciones patronales y de trabajadores con altos ingresos. En Nicaragua se ordenó aumentar la cuota patronal y laboral para “mejorar el balance financiero del sistema de pensiones”, lo que derivó en la actual crisis sociopolítica.

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