Cuando en Colombia se habla de paz se debe incluir también al narcotráfico, foco de violencia que atrae a disidentes de guerrillas y grupo paramilitares que, como quedó demostrado en la semana que finaliza, alejan el sueño de un país sin fusiles.
El pasado jueves, en un ataque que ha dejado muchos interrogantes, esa realidad quedó más en evidencia que nunca cuando un grupo de hombres armados, al parecer disidentes de la sanguinaria columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc, abrió fuego en medio de una protesta de cocaleros y el saldo hasta el momento es de seis campesinos muertos y 15 heridos. Todavía no está claro qué pasó durante el tiroteo que se produjo en una zona rural del municipio de Tumaco (suroeste) y el presidente Juan Manuel Santos ha ordenado una investigación completa para conocer, entre otras cosas, cómo reaccionó la fuerza pública, siendo suspendidos los miembros de la institución policial que están en el lugar de los hechos enfrentando un proceso judicial. Lo que sí está claro es que la violencia sigue retroalimentándose con la coca, única opción de vida para muchos campesinos como los que murieron en el caso en mención.
Tumaco es, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la localidad con más hectáreas dedicadas a cultivos de coca en Colombia; no era ningún secreto que parte de la financiación de las Farc, guerrilla ya desmovilizada y transformada en movimiento político, tenía su fuente en el narcotráfico, un negocio muy goloso que pervirtió el conflicto armado y cuyos tentáculos terminaron por rozar incluso a lo más alto de la política colombiana.
Con las Farc, que dominaban amplias zonas del territorio colombiano fuera del mapa, quedaba por ver quienes se enrocarían a un negocio y unas regiones a las que el Estado intenta acceder con decenas de miles de hombres y mujeres de la fuerza pública. Los primeros en sentirse atraídos han sido parte de los ex guerrilleros de las mismas Farc. Unos 400 de ellos no acataron el acuerdo de paz y salieron en busca de un negocio mucho más rentable que los algo más de 200 dólares que recibirán durante 24 meses como parte de los planes de reincorporación. El dinero que se genera con el narcotráfico es la explicación plausible por la que alias “Rodrigo Cadete”, un veterano guerrillero que había accedido al desarme, dejó atrás a sus escoltas para unirse a las disidencias.
Otro tema esencial son las alianzas que han trabado para sacar la cocaína de Colombia de camino a los grandes mercados mundiales. Pese a que no lo han confirmado fuentes oficiales o policiales, varios estudiosos del conflicto colombiano han indicado que a la zona de Tumaco han llegado grupos de mexicanos que están en contacto con el grupo de disidentes que está bajo el mando de alias “Guacho”, un ecuatoriano a quien el presidente Santos declaró objetivo de alto valor.
Los vínculos de los carteles mexicanos en Colombia sí están probados y en varias ocasiones la Policía y la Agencia Antidrogas Estadounidense, Dea, los han demostrado, tanto entre las Farc como entre el Clan del Golfo, otro de los grupos que mantienen la violencia.
El último de los casos lo protagoniza un reducto del Ejército Popular de Liberación, Epl, desmovilizado en su mayoría en 1991 y dedicado al narcotráfico en el Catatumbo, una selvática región de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Que el Estado sea ahora capaz de someter a todos ellos a la justicia y romper de raíz el círculo vicioso del narcotráfico es clave para que las disidencias de las Farc no reciclen una violencia de más de medio siglo y se enquisten en unas regiones de las que se han apropiado.
