La unidad del Estado español, consagrada por la Constitución Política, encara un importante reto de los independentistas catalanes que, desde el gobierno y la legislatura regional, promueven un referéndum, por celebrarse el primero de octubre, sobre la ruptura con Madrid.
Hace una semana, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, para sentar las bases de la ruptura en caso de un triunfo del sí. La ley tendría carácter de “norma suprema” de Cataluña mientras se redacta una Constitución. En otras palabras, los independentistas pretenden derogar la Constitución española por mayoría simple en unas votaciones cuya transparencia está en duda.
Con esos fines, el Parlamento aprobó una ley de referéndum cuya incompatibilidad con el texto constitucional también es innegable. Por eso no extraña la admisión de los recursos planteados por el gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, cuya avocación al conocimiento de los casos va acompañada de la suspensión de las leyes cuestionadas.
La confrontación se desarrolla en múltiples escenarios y va en escalada. El gobierno catalán pidió a los alcaldes de la región apoyo para el referéndum. Sin ellos, la votación no será posible. Muchos ayuntamientos no se muestran dispuestos a colaborar y la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías provinciales abrir expedientes contra quienes accedan. El referéndum es ilegal y las autoridades nacionales prometen hacer cuanto haga falta para mantener el orden.
El Ministerio Público ordenó a la Policía “tomar las medidas necesarias” para evitar el referéndum, “requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas” y cualquier material para la “difusión, promoción o ejecución” de las votaciones.
Por su parte, el rey Felipe VI rompió el silencio de varios días para afirmar que la Constitución “prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia en democracia”, garantizó la preservación de “los derechos de los españoles” frente a “quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria”.
Más allá de los argumentos legales y constitucionales, la pretendida independencia catalana se funda en argumentos falaces y medias verdades, siempre orientadas a exagerar el papel de la provincia y minimizar el valor de su vínculo con el resto del país. Cataluña es responsable de la quinta parte del producto interno bruto español, pero solo la décima parte del presupuesto nacional se invierte en la provincia, dicen los secesionistas. Ese argumento serviría para desmembrar a la mayor parte de los países del planeta. Si no que lo diga California, por sí sola la sexta economía del mundo y firmemente anclada en un país cuyas fronteras también abarcan al comparativamente pobre estado de Misisipi.