No todas las organizaciones no gubernamentales, líderes del campo y la minería están de acuerdo con la paz que hizo el presidente Santos con las Farc; ellos critican que el Gobierno de Juan Manuel Santos no busque una auténtica paz en el país que incluya también a los sectores menos favorecidos tradicionalmente y lamentan que las reclamaciones en ese sentido sean reprimidas.
La Corporación Servicios Profesionales Comunitarios “Sembrar”, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y se crea ante las constantes y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el país. Está conformada por un equipo interdisciplinario de hombres y mujeres comprometidas con la promoción y la plena vigencia de los Derechos Humanos concebidos integralmente; su labor se encamina hacia la construcción, fortalecimiento y empoderamiento de los sectores sociales excluidos en Colombia.
La Corporación Sembrar promueve y aporta a la plena vigencia de los derechos humanos concebidos integralmente mediante la construcción, fortalecimiento y empoderamiento de los sectores sociales excluidos en Colombia y propiciando la solidaridad entre los pueblos. Las comunidades con que trabaja Sembrar han alcanzado niveles de empoderamiento que les permite apropiar y poner en práctica mecanismos para la defensa integral de sus derechos y la superación de la impunidad.
Muchas han sido las voces que se alzado de inquietud e inconformidad con los pros y contras del proceso de paz entre el Ejecutivo y la guerrilla de las Farc; a pesar de estar de acuerdo con la paz advierten que, más que pretender la paz, lo que ha hecho el Gobierno es promover la pacificación, que es distinto. La paz es la pacificación no sólo con la guerrilla, sino también de los movimientos sociales y todo lo que hace el presidente Santos va dirigido a eso, no a construir una propuesta de paz, ya que el Gobierno no está interesado en ver las necesidades de cada región. Es incoherente y contradictorio que el Gobierno gaste más en defensa y armamento que en inversión social, una actitud que acompaña al hecho de que se criminaliza la protesta social, cualquier iniciativa de reclamar derechos es reprimida.
Al mismo tiempo hay judicialización contra líderes sociales, a los que en ocasiones se vincula con grupos guerrilleros y también son objetivo de los paramilitares, hasta el punto de que, según estos líderes, más de medio centenar de activistas han sido asesinados en el último año. El Gobierno niega la presencia de protagonistas de la violencia, pero están presentes en algunas zonas del país para garantizar rutas para el narcotráfico o dedicarse a la persecución de dirigentes sociales.
Uno de los puntos principales de las negociaciones de paz fue el de la distribución y el uso de la tierra y ahora se está viendo cómo sustituir los cultivos de coca por otros productos apunta que los campesinos tienen dificultades para vender sus cosechas y subsistir, por lo que el proceso ha de tener todas las garantías y no las hay.
