No habrá sanciones

Editorial
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Después de levantar un paro cívico de 24 horas  por parte de la oposición venezolana que se inició la víspera contra el proceso constituyente que paralizó buena parte de las actividades en Caracas y otras ciudades y dejó al menos cuatro muertos y nueve heridos, los venezolanos volvieron los ojo a Mercosur, que de dicho sea de paso, no tiene previsto expulsar ni aplicar sanciones comerciales contra Venezuela por su crisis política durante la cumbre de jefes de Estado del bloque sudamericano que tiene lugar desde hoy en la provincia argentina de Mendoza.


La jornada electoral  que se cumplió en 85% en el país, registro que no se pudo verificar de manera independiente y fue otra lección democrática del pueblo venezolano a pesar de la brutal represión; por su parte el  gobierno desestimó la iniciativa opositora e indicó que la industria petrolera, las empresas públicas, las 700 mayores productoras privadas de alimentos y el transporte público operaron al 100%.

 La negativa del gobierno venezolano sigue  a pesar de los palos de ciegos en ver la realidad. El gobierno  se acomoda diciendo que entiende que una sanción comercial podría generar un impacto no deseado en el bienestar de la población venezolana, que es lo menos que quiere que ocurra.

Y para respaldarse en la legalidad el gobierno venezolano se respalda en que bloque regional que fundaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tampoco contempla en su normativa la expulsión  de uno de sus miembros. Venezuela, la cual había sido incorporada en 2012 como quinto socio pleno del bloque, fue suspendida en diciembre de 2016 por incumplir el plazo estipulado para adecuarse a las normas del bloque, entre ellas las referidas a derechos humanos y separación de poderes. A su vez, en abril de este año los socios fundadores de la unión aduanera ejecutaron la aplicación de la cláusula democrática tras el fallido intento de la Corte Suprema de Justicia de asumir funciones legislativas en reemplazo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

Estas medidas impiden a Venezuela asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur en Mendoza, unos 800 kilómetros al oeste de Buenos Aires y si bien no habrá sanciones, los líderes del Mercosur planean emitir un claro pronunciamiento contra los intentos del gobierno de Nicolás Maduro de reformar la Constitución de 1999.

Es importante que en esta instancia el Mercosur, como grupo regional, pueda pronunciarse sobre esa situación, condenando los hechos de violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas, el respeto por las libertades civiles y políticas y de los derechos humanos e instando a que las autoridades venezolanas se abstengan o desistan de realizar la elección prevista para el día 30 de este mes.

La oposición venezolana teme que este sea el primer paso hacia el establecimiento de un estado de partido único y autoritario semejante al sistema en Cuba, un estrecho aliado de Maduro. La declaración contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente correrá por cuenta de los socios fundadores del Mercosur, aunque estarían gustosos que algunos de los países asociados los acompañen. Bolivia y Chile tienen ese estatus. El primero, gobernado por Evo Morales, ha quedado como único aliado incondicional de Venezuela en una región que se ha inclinado mayormente hacia gobiernos conservadores tras una década dominada por la centro-izquierda.


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