Llegó la hora cero para Gran Bretaña. Las negociaciones para la salida de ese país de la Unión Europea comenzaron de lleno el lunes, y las partes parecían muy lejos de alcanzar un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos para cuando el Brexit entre en vigor en menos de dos años.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como brexit, acrónimo de las palabras inglesas Britain y exit, ‘Gran Bretaña’ y ‘salida’, es un proceso político en curso que persigue el abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Esta era una meta política perseguida por determinados partidos políticos, grupos civiles y personas del Reino Unido desde 1973. Salir de la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros reconocido por el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Ya en 1975 se había celebrado un primer referéndum sobre la permanencia del país en la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, con resultado favorable a la permanencia. En 2016 se produjo un segundo referéndum sobre la pertenencia, que se celebró el jueves 23 de junio, que arrojó un resultado favorable a la salida de la Unión Europea con casi un 52 % de los votos, frente a un 48 % que abogó por la permanencia.
El resultado no fue uniforme en todo el Reino Unido, votándose a favor de la salida en Inglaterra y Gales, mientras que Escocia, Irlanda del Norte y el territorio de Gibraltar votaron por la permanencia. El gran peso demográfico de Inglaterra y la alta participación en esta nación resultaron decisivos para inclinar la balanza a favor de la salida. En este sentido, algunos analistas señalan la posibilidad de una ruptura del propio Reino Unido, ya que podría traer de vuelta una frontera terrestre a la isla de Irlanda y Escocia que votaron por permanecer en el Reino Unido en el referéndum celebrado dos años antes bajo la promesa de permanecer en la Unión Europea. Por otra parte, el resultado del referéndum no era vinculante, ya que para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea, el Parlamento del Reino Unido tenía que derogar una serie de leyes, y la Cámara de los Comunes podía echar abajo cualquier iniciativa en este sentido. Finalmente, el 29 de marzo de 2017 tras conseguir la aprobación del parlamento británico, el Reino Unido comunicó al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar la Unión Europea, tal como establece el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esta comunicación dio inicio al proceso de salida, que según establece el tratado, tendrá una duración inicial de 2 años, prorrogable por acuerdo unánime de los Estados miembro.
Tras un encuentro inicial en junio, en el que se estableció la estructura de las conversaciones, el ministro británico para el Brexit, David Davis, se reunió en Bruselas con el negociador en jefe de la Unión Europea para el mismo asunto con vistas a las conversaciones actuales, que se extenderá por cuatro días.
Los derechos de los ciudadanos son uno de los tres aspectos principales que tienen que ser resueltos antes de que las partes comiencen sus conversaciones sobre un acuerdo amplio de libre comercio. Los otros dos son los pagos que Gran Bretaña tiene que hacer para cumplir sus compromisos actuales con el bloque y el asunto de la frontera de Irlanda.
En su propuesta, Gran Bretaña ofrece a los nacionales de la Unión que hayan vivido en Gran Bretaña durante al menos cinco años, a partir de una fecha sin especificar, el derecho a vivir, trabajar y tener prestaciones sociales. Se calcula que tres millones de nacionales de la Unión Europea viven en Gran Bretaña y todos tendrán que solicitar de manera individual permiso para quedarse. Se desconoce la situación que afrontarán las personas que hayan estado menos tiempo en Gran Bretaña o qué derechos tendrán los miembros de las familias.
Funcionarios europeos han dicho que la propuesta británica de otorgar a los ciudadanos de la Unión la condición de asentados es insuficiente. El Parlamento europeo advirtió la semana pasada que podría vetar el acuerdo final si Gran Bretaña no otorga más derechos a los ciudadanos de la Unión Europea que elijan quedarse en Gran Bretaña después del Brexit, que dará inicio en marzo de 2019.