La oposición venezolana faltó a una reunión programada con el oficialismo, acción que pone el riesgo el proceso de diálogo para solucionar la crisis del país.
Se han realizado dos encuentros entre ambas partes desde que se activó el diálogo el 30 de octubre, pero hay concesiones importantes pendientes: entre ellas, el acuerdo de revertir una sentencia, aún no definitiva, del Tribunal Supremo que declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional; mientras que la oposición únicamente mantendrá contacto con los facilitadores de las conversaciones, entre los que figura un representante del Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana. Habrá que estudiar la posibilidad de reestablecer el diálogo cuando Maduro cumpla con lo acordado.
Los facilitadores sostuvieron reuniones separadas con los representantes de ambos bandos para expresar sus preocupaciones por concretar los acuerdos y que plantearon la necesidad de establecer un mecanismo de verificación; si bien existen resultados positivos, aún quedan temas en la agenda que están pendientes por resolver. Por ello, se debe iniciar una etapa que lleve hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo nacional, para lo cual se presentó una propuesta de trabajo que oficialismo y oposición evaluarán próximamente.
Por último, los poderes públicos se podrían abstener de dictar decisiones que dificulten el diálogo hasta el 13 de enero de 2017, plazo que se aprovechará para revisar las propuestas en las mesas de trabajo. El diálogo se centra en la permanencia de Maduro en el poder y pretende buscar soluciones a las tensiones políticas y la crisis que ha sumido a Venezuela en una desbordada inflación, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y una fuerte recesión agravada por la caída del precio del petróleo, que supone el 96% de los ingresos por exportaciones del país.
Maduro desestimó la decisión de sus adversarios de alejarse de la mesa de diálogo y advirtió que actuará en cualquier escenario con mano justa y de hierro para castigar a los conspiradores en caso de que se desate un golpe de Estado, como siempre ha advertido. La oposición señaló que ellos cumplieron con su parte al suspender sus protestas callejeras y modificar la agenda de la Asamblea Nacional, que postergó la realización de un juicio político contra Maduro iniciado en octubre.
El juicio por presunto abandono de sus deberes constitucionales es simbólico y no puede provocar la destitución del presidente —ya que la constitución no otorga ese poder al Legislativo_, pero según sus impulsores derivará en una sanción moral al mandatario, cuya popularidad se ha visto afectada por la crisis. Además de las competencias del Legislativo que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, acusado de estar bajo el control del oficialismo, la oposición exige la liberación de más de un centenar de activistas políticos.
Las partes también habían acordado llamar a elecciones en Amazonas para volver a elegir a los diputados de ese estado, luego de que el máximo tribunal bloquease su juramentación por la supuesta compra de votos.
