Una semana candente

Editorial
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Venezuela vive una turbulencia social más, después de que el gobierno socialista bloqueó un referéndum revocatorio presidencial, una medida que según algunos líderes de la oposición equivalió a un golpe de Estado.

La oposición exhortó a sus partidarios a salir a las calles y protestar la semana próxima, mientras que una importante figura del Gobierno solicitó la detención de los críticos de alto perfil.

Según las encuestas, el presidente socialista, Nicolás Maduro, perdería una votación revocatoria, pero funcionarios electorales emitieron una orden de suspensión de recolección de las firmas necesarias para activar el referendo, justo una semana antes de que empezara.
Muchos han advertido que la jornada de la semana que terminó, lo que se vivió fue un golpe de Estado en Venezuela, situación a la que se ha opuesto la oposición ya que no quieren un estallido social.

Los socialistas ganaron el poder hace casi dos décadas —con la elección para presidente del entonces popular Hugo Chávez— y durante años disfrutaron de victorias electorales fáciles, pero con la economía en caída libre, las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos se han vuelto contra el partido. Adicionalmente, con los años, el Gobierno se ha vuelto poco a poco cada vez más autocrático.

Las autoridades han cerrado las estaciones de televisión críticas y han encarcelado a varios activistas destacados de la oposición.
El máximo tribunal del país, lleno de partidarios del gobierno, ha respaldado los poderes de decreto de Maduro y ha advertido que puede pasar por alto al Congreso, tras una victoria aplastante de la oposición en las elecciones legislativas.

El Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el oficialismo, detuvo el proceso de consulta revocatoria alegando supuestas irregularidades en la primera ronda de recolección de firmas. Las encuestas indican que el 80% de los votantes querían que Maduro dejara el poder este año y por esto el CNE ordenó un aplazamiento de unos seis meses en elecciones para gobernador que fueron programadas para fin de año y que según la oposición tenía muchas probabilidades de ganar. No dio ninguna razón para la postergación.

La oposición sostiene que, en vista del descontento abrumador de los votantes, el partido socialista ha decidido simplemente postergar las elecciones indefinidamente y por su parte la coalición opositora convocó a una masiva protesta callejera, cuando se suponía que debía haber comenzado la campaña de recolección de firmas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y uno de sus aliados más poderosos, Diosdado Cabello, salieron a afirmar que los principales líderes de la oposición debían ser encarcelados por intentar un fraude electoral; algunos líderes de la oposición dijeron que el Gobierno podría estar dando pasos en esa dirección, nada raro ya que esta es la forma de actuar del Gobierno que ya no sabe cómo controlar la oposición.

Mientras la oposición había centrado su energía en convocar a los venezolanos a firmar peticiones la semana próxima, para exigir un referéndum sobre la expulsión de Maduro del poder. Para ello sería necesario recolectar y validar 4 millones de firmas del 20% de los electores dentro de tres días en cada uno de los 24 estados del país.

Este es un problema grave y revela que el Gobierno tenía miedo de lo que podría ocurrir en el periodo de tres días para la recolección de firmas. En los hechos, han pospuesto indefinidamente el voto revocatorio. Con esta medida es difícil considerar a Venezuela como una democracia; sin embargo, la campaña ya se había vuelto mayormente simbólica, porque el CNE decidió en septiembre que no habría elecciones este año.

El manejo de los tiempos es crucial. Un referendo que efectivamente hubiera apoyado expulsar a Maduro este año habría desencadenado una elección presidencial y le habría dado a la oposición una buena oportunidad de llegar al poder. Sin embargo, si los votantes decidieran sacar a Maduro en 2017, su Vicepresidente tendría que terminar el mandato presidencial, lo que dejaría a los socialistas a cargo.

El consejo electoral alegó que la decisión se basó en resoluciones de los tribunales en cuatro estados, según los cuales hubo fraude en la etapa inicial de la campaña de petición, cuando la oposición recogió firmas entre el 1% del electorado.